La bancada oficialista en la Cámara de Senadores anunció que logró el consenso suficiente para emitir dictamen sobre la reforma a la Ley de Salud Mental, cuyo tratamiento en el recinto está previsto para la próxima semana.
En conferencia de prensa, las senadoras Patricia Bullrich, Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta detallaron que el proyecto ratifica la prohibición de crear manicomios pero habilita la internación involuntaria ante situaciones de riesgo. La iniciativa restituye el financiamiento del Estado nacional a las provincias e incorpora el abordaje integral de adicciones como la ludopatía.
Modificaciones centrales
El borrador definitivo consensuado en la Cámara alta introdujo cambios sustanciales al texto original enviado por el Poder Ejecutivo.
A pedido de legisladores de diversas bancadas y de los ministros de salud provinciales en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), el proyecto eliminó la propuesta que permitía reabrir instituciones monovalentes o manicomios, manteniendo firme el esquema de desmanicomialización dispuesto por la legislación sancionada en 2010.
También extiende la cobertura de la ley a todas las adicciones, no sólo a las de consumos de estupefacientes, como la ludopatía. Además, se permiten las internaciones involuntarias, que deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario en un plazo perentorio.
“Estamos trabajando para que haya quorum y creemos que va a haber. Si hay quorum, vamos a tener dictamen y lo vamos a querer tratar la semana próxima en el recinto”, afirmó Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado. Las comisiones de Legislación General y de Salud sesionarán este jueves para dar la firma formal al texto acordado.
Nuevos criterios para internaciones
Uno de los puntos salientes de la iniciativa es precisamente que autoriza la internación involuntaria de pacientes cuando no se encuentren capacitados para tomar decisiones y exista un peligro cierto para sí o para terceros.
Para habilitar este procedimiento, la evaluación deberá ser firmada por un médico psiquiatra o profesional formado en salud mental junto a un segundo firmante, preferentemente psicólogo. En casos de urgencia dispuesta por un solo profesional, el plazo para la revalidación interdisciplinaria se extendió de 24 a 48 horas.
Asimismo, la normativa amplía el alcance de la cobertura estatal a todo tipo de adicciones, sumando problemáticas emergentes como la ludopatía. En el caso de niños y adolescentes, el articulado establece la creación de equipos de atención infanto-juveniles especializados y habilita la teleconsulta sincrónica para intervenciones psiquiátricas en zonas de difícil acceso.
Fondos para las provincias y voluntades anticipadas
En el marco de las negociaciones políticas con los gobernadores, el oficialismo cedió en materia presupuestaria y reincorporó la obligación del Estado nacional de brindar asistencia técnica y financiera a las provincias para aplicar la ley. Esta cláusula resulta fundamental para el financiamiento de los hospitales públicos del interior del país, encargados de absorber la demanda de atención.
Por último, el proyecto consagra el concepto de «directivas anticipadas», garantizando el derecho de los ciudadanos a declarar por adelantado su negativa o consentimiento ante eventuales tratamientos futuros. Además, dispone la intervención de oficio del Órgano de Revisión en aquellas internaciones prolongadas que superen los 180 días de duración.
