El conflicto en torno al PAMI sumó este miércoles un nuevo capítulo con el cierre de un paro de 72 horas encabezado por médicos de cabecera, quienes rechazan los cambios implementados por el Gobierno nacional en el sistema de prestaciones.
La medida de fuerza, que se extendió desde el lunes, provocó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.
El eje del reclamo está puesto en la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, impulsada por la gestión del presidente Javier Milei, que según los profesionales implica una reducción de los ingresos. Si bien la normativa establece un incremento en la cápita hasta los $2.100 por afiliado, los médicos sostienen que se trata de “una mejora engañosa”, ya que elimina otras fuentes de remuneración.
“En la práctica no es un aumento, sino un recorte encubierto”, señalaron trabajadores del sector, quienes advirtieron que las nuevas condiciones afectan directamente la calidad del servicio y la sostenibilidad del sistema.
Reclamos en todo el país
Las protestas se replicaron en distintos puntos del país. En la sede central del organismo, en la ciudad de Buenos Aires, médicos, empleados, jubilados y agrupaciones sociales se concentraron para rechazar tanto los recortes en prestaciones como la falta de medicamentos.
En la ciudad de Córdoba, también hubo manifestaciones frente a la sede de avenida General Paz al 300. Allí, el reclamo tomó impulso luego de que la senadora Alejandra Vigo presentara un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle la situación del organismo, que calificó como “gravísima”.
La legisladora expresó su preocupación por la interrupción en la atención médica y la falta de pago a prestadores, y exigió la normalización del sistema en el corto plazo.
En tanto, en la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios como oftalmología. La situación derivó en la suspensión de prestaciones por parte de ópticas, que reclaman el pago de deudas acumuladas.
Respuesta oficial y presión política
Frente al aumento de la conflictividad, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos con el objetivo de regularizar pagos a prestadores y descomprimir la crisis.
No obstante, legisladores nacionales solicitaron que las autoridades del organismo brinden explicaciones en el Congreso sobre los cambios en el sistema de atención.
El escenario se da en un contexto de arrastre de deudas desde fines del año pasado, que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos.
Jubilados, en primera línea del reclamo
El malestar también se expresó en las calles por parte de los propios afiliados. Agrupaciones de jubilados realizaron una protesta con olla popular frente a la sede central del PAMI para visibilizar la falta de medicamentos e insumos.
Durante la jornada, reclamaron la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones, y pidieron cambios en la conducción del organismo, incluyendo una auditoría con participación de trabajadores y beneficiarios.
Así, el conflicto en torno al PAMI continúa escalando, con un sistema bajo presión y múltiples actores que advierten sobre el impacto directo de las medidas en la atención de millones de afiliados en todo el país.
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