A más de cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, la Justicia volvió a poner en marcha este martes el juicio que busca determinar responsabilidades penales por su fallecimiento, en un proceso que comienza desde cero tras la nulidad del debate anterior.
El nuevo juicio oral se desarrolla en los tribunales de San Isidro, bajo la órbita del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. La reapertura del caso se produjo luego del escándalo que derivó en la destitución de la jueza Julieta Makintach, quien fue apartada por su participación en un documental clandestino sobre la causa, lo que invalidó todo lo actuado previamente.
En esta nueva instancia, siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, acusados de haber incurrido en omisiones y decisiones que habrían colocado al exfutbolista en una situación de “desamparo sanitario” durante su internación domiciliaria en Tigre.
Entre los principales imputados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Maradona, y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes, según la fiscalía, tuvieron un rol central en el esquema de atención cuestionado. Completan la lista Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini (médica), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros), Pedro Di Spagna (médico clínico) y Ricardo Almirón (enfermero).
La jornada inaugural estuvo atravesada por una fuerte disputa en torno a la televisación del juicio. La defensa de Luque, encabezada por el abogado Francisco Oneto, solicitó que todas las audiencias sean transmitidas en vivo por televisión abierta, bajo el argumento de garantizar la transparencia del proceso y permitir que “la verdad se vea sin filtros”. En esa línea, sostienen que Maradona falleció a causa de un infarto y no por negligencia médica.
Sin embargo, el planteo fue rechazado tanto por la fiscalía como por la querella. El fiscal Patricio Ferrari advirtió que la presencia de cámaras podría afectar el normal desarrollo del juicio y vulnerar la intimidad de las víctimas. En la misma línea, el abogado Fernando Burlando alertó que la difusión pública podría condicionar el futuro juicio por jurados que enfrentará la enfermera Gisela Madrid, quien será juzgada en un proceso separado.
Ante este escenario, el tribunal dispuso un cuarto intermedio para resolver si autoriza o no la transmisión del debate, en una decisión que será clave para el desarrollo del proceso.
El cronograma judicial prevé la declaración de al menos 90 testigos en los próximos meses. Las primeras en brindar testimonio serán las hijas del exfutbolista, Dalma, Gianinna y Jana, junto a Verónica Ojeda, integrantes de su círculo más cercano. Luego será el turno de los peritos médicos y, finalmente, de los propios imputados.
Uno de los puntos centrales del juicio será el análisis de las pericias médicas, en especial los resultados de la autopsia y las conclusiones de las juntas médicas, que permitirán determinar si la atención brindada fue adecuada o si existieron fallas determinantes en el desenlace.
Cabe destacar que, al tratarse de un nuevo proceso, ninguna de las pruebas ni testimonios del juicio anterior tiene validez legal, por lo que todo deberá ser reconstruido nuevamente ante este tribunal.
Mientras tanto, la familia de Maradona ratificó su presencia en cada audiencia, en un reclamo sostenido de justicia que mantiene en vilo a la opinión pública. En paralelo, la defensa de Luque adelantó que el médico declarará para intentar despejar las acusaciones y sostener su inocencia.
Con múltiples aristas judiciales, técnicas y mediáticas, el proceso vuelve a poner bajo la lupa uno de los casos más sensibles de la historia reciente argentina, con la expectativa de finalmente esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del ídolo.
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