amilias de los barrios Villa El Libertador y Comercial, en la ciudad de Córdoba, comenzaron a acceder finalmente a las escrituras de sus viviendas luego de décadas de espera y de atravesar distintos procesos judiciales vinculados con la falta de regularización de los terrenos que habían adquirido.
El conflicto se remonta a la década de 1980, cuando numerosas familias compraron lotes en esos sectores de la ciudad y construyeron allí sus casas. Aunque habían abonado los terrenos, durante años no pudieron obtener la escritura definitiva, una situación que derivó en múltiples causas judiciales.
La problemática fue puesta en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Fiscalía General entre 2013 y 2014, a partir de un informe elaborado por la Oficina de Derechos Humanos y Justicia. El documento permitió advertir que no se trataba únicamente de incumplimientos contractuales individuales, sino de una situación colectiva que involucraba condiciones de vulnerabilidad social y el derecho a la vivienda.
A partir de esa presentación se impulsó una investigación penal en la Fiscalía de Instrucción de 27° Nominación, perteneciente a la Unidad de Investigación de Delitos Complejos. En ese marco se relevaron y analizaron alrededor de 4.000 expedientes civiles y se imputó al responsable de la firma comercial involucrada por distintos hechos de estafa.
La investigación luego se amplió a otros hechos de características similares y profundizó el análisis de las situaciones señaladas inicialmente por la Oficina de Derechos Humanos y Justicia.
Un acuerdo para destrabar el conflicto
Luego de que fueran rechazados distintos planteos de la defensa, el imputado, junto con sus representantes legales, propuso una solución alternativa prevista por la legislación procesal para abordar los conflictos derivados de la operatoria.
La propuesta contempló la posibilidad de escriturar los inmuebles que habían sido vendidos y, cuando eso no fuera posible, otorgar una compensación económica. También incluyó el desistimiento de los procesos civiles relacionados con las operaciones originales.
Estos expedientes comprendían demandas por resolución de contratos y escrituración, además de procesos vinculados con regulación de honorarios, cobro de pagarés y otros reclamos derivados de la falta de escrituración.
En esta primera etapa, 17 familias pudieron acceder a sus escrituras mediante el programa municipal “Tu casa, tu escritura”, que permitió instrumentar los trámites necesarios para avanzar en la regularización dominial.
Además, se alcanzaron 12 acuerdos de conciliación y reparación, mediante los cuales se desistió de diferentes acciones y reclamos civiles contra familias de ambos barrios. También se estableció una reparación económica compensatoria en un caso y se avanzó en el levantamiento parcial de inhibiciones que impedían concretar algunas escrituras.
Los acuerdos permitieron, de esta manera, comenzar a cerrar decenas de expedientes civiles que habían tramitado en distintos juzgados de la ciudad de Córdoba y que estaban relacionados con los reclamos derivados de la falta de escrituración.
El acompañamiento a las familias
El proceso tuvo además una fuerte intervención territorial. Las gestiones no se limitaron a los expedientes judiciales, sino que se trasladaron al barrio para facilitar el contacto directo con las familias.
Se realizaron convocatorias individuales y se acompañó a los vecinos durante las distintas etapas necesarias para avanzar con la documentación. En esta tarea tuvo un rol importante la Dirección de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.
También fue necesario recuperar documentación histórica conservada en el Archivo del Poder Judicial y contar con la colaboración del Registro Civil de Córdoba. A esto se sumó el acompañamiento de las Defensorías Públicas de Salta y Jujuy para obtener partidas requeridas en distintos trámites sucesorios.
En los casos en que los compradores originales habían fallecido, se articuló con las Defensorías Civiles de Córdoba para facilitar el inicio gratuito de las declaratorias de herederos. El objetivo es que esas familias puedan incorporarse a una segunda etapa del proceso de escrituración.
Una solución que busca cerrar un conflicto de décadas
El proceso judicial iniciado hace más de diez años permitió avanzar hacia una solución para familias que durante décadas habitaron sus viviendas sin contar con la seguridad jurídica que otorga el título de propiedad.
La primera etapa de escrituración y los acuerdos alcanzados buscan resolver no solo la situación de los inmuebles, sino también una extensa serie de conflictos judiciales derivados de la falta de regularización.
El caso también pone de relieve la importancia del trabajo coordinado entre organismos públicos, el Poder Judicial y las propias familias para abordar problemáticas que exceden un expediente individual y que tienen impacto directo sobre el acceso a la vivienda y la seguridad jurídica de quienes la habitan.
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