La informalidad laboral sigue siendo un problema central del mercado del trabajo en la Argentina. Y lejos de recortarse, parece incrementarse, especialmente en los estratos más jóvenes.
A partir de allí se suele desatar un debate sobre la medicina necesaria para curar el mal. Hay quienes aseguran que se solucionará con una reforma laboral que brinde mayor flexibilidad y hay quienes advierten que el camino no es legislativo, sino económico, de crecimiento. Podría caber una tercera vía que contemple claramente lo segundo, más alguna actualización de las normas.
En ese marco, hoy el 42% de las personas con ocupación no están bajo las leyes laborales. No tienen aportes ni previsionales ni de salud. Son puestos precarios. En Córdoba, ese porcentaje crece al 47%, con lo cual se ubica a mitad de tabla entre las provincias. El pico de informalidad está en Tucumán con el 62% y el menor porcentaje se da en Tierra del Fuego, con el 20%.
Esos datos oficiales fueron analizados por la economista y experta en temas laborales, Laura Caullo, del Ieral de la Fundación Mediterránea.
“Argentina continúa navegando sin un rumbo claro en el mundo del trabajo. A pesar de la importancia estratégica que tiene el empleo de calidad para impulsar el crecimiento económico, el país sigue atrapado en una dinámica laboral frágil, marcada por el avance persistente de la informalidad y la falta de modernización en sus instituciones laborales”, dice el informe titulado “Sin brújula en el empleo, la informalidad marca el rumbo del mercado laboral”, que dio a conocer el diario Puntal de Río Cuarto.
De acuerdo a los últimos datos disponibles, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, el 42% de los trabajadores se encuentran en condición de informalidad, mostrando un leve incremento respecto al 41,4% del mismo período de 2023.
Aunque este fenómeno no es nuevo, la falta de un “golpe de timón” en materia de políticas laborales permitió que se consolidara como una característica estructural, afectando especialmente a los jóvenes y a los trabajadores por cuenta propia. “Entre estos grupos, 6 de cada 10 trabajadores se desempeñan en la informalidad, sin acceso a derechos laborales ni cobertura de seguridad social”, explica el trabajo.
Lejos de corregirse, esta tendencia se ha intensificado en la última década. Entre 2014 y 2024, el empleo total creció un 20%, incorporando 3,6 millones de trabajadores. Sin embargo, detrás de este dato se oculta una realidad preocupante, el empleo asalariado privado registrado (el segmento más sólido y protegido) se mantuvo prácticamente estancado en torno a los 6,2 millones de puestos.
El informe destaca que el crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por un aumento de la cantidad de monotributistas en un 40%, una modalidad que, si bien ofrece cierta formalización fiscal, muchas veces funciona como vínculos laborales encubiertos, y por un 18% en el empleo público.
A su vez, buena parte de los nuevos ocupados se insertaron en la informalidad. Así, la expansión del empleo se apoyó en formatos precarios o insostenibles, sin revertir la debilidad estructural del mercado laboral, es decir, la incapacidad de generar empleo privado formal, de calidad y a escala.
Durante la actual gestión de gobierno, el número de inscriptos en el monotributo social cayó un 60% debido a la reconversión del programa Potenciar Trabajo, que eliminó a los intermediarios y cambió la forma de canalizar los beneficios. Como resultado, muchos beneficiarios dejaron de estar registrados bajo esta figura.
En paralelo, la informalidad laboral no mostró mejoras. Dentro de este universo, los asalariados no registrados representan el 63%, mientras que el resto corresponde a cuentapropistas informales. Allí, Caullo hace foco en otra consecuencia gravosa: “Esta persistente informalidad no solo limita el acceso a derechos laborales básicos, sino que también debilita el financiamiento del sistema de seguridad social, comprometiendo su sostenibilidad futura”.
Además, esta situación no es homogénea a nivel territorial. La informalidad presenta enormes brechas entre provincias. Mientras en algunas zonas alcanza al 20% de los ocupados, en otras supera el 60%. “Estas diferencias responden, en gran medida, a la estructura productiva regional y a los niveles salariales, que condicionan las posibilidades de acceso al empleo formal”, agrega.
Caullo destaca que “estas diferencias territoriales refuerzan la necesidad de evitar un enfoque uniforme en cualquier propuesta de reforma laboral. Es indispensable reconocer las realidades locales, donde los niveles salariales, las estructuras productivas y las condiciones de empleo varían enormemente. Pensar en un mercado laboral más inclusivo y dinámico requiere políticas que tengan en cuenta esta diversidad”.
Y agrega: “Este fenómeno tiene efectos directos sobre los trabajadores fuera del sistema formal, ya que carecen de acceso a salud, jubilación y otros derechos fundamentales, lo que los hace más vulnerables. La falta de estabilidad laboral, por otro lado, se traduce en baja productividad, alta rotación y salarios más bajos. Además, todo esto debilita el financiamiento del sistema de seguridad social y profundiza los desequilibrios fiscales de largo plazo, impidiendo que el país avance hacia un desarrollo económico sostenible”.
Y cierra: “Salir a flote requiere mucho más que medidas de estímulo coyunturales. Es imprescindible un cambio de rumbo decidido que contemple una reforma laboral integral. Reforma que debería simplificar los regímenes de contratación para facilitar la formalización, fomentar la negociación colectiva a nivel de empresa o sector para adecuar las condiciones laborales a las realidades productivas, y reducir la litigiosidad laboral que hoy encarece el empleo formal. También resulta esencial revisar el sistema tributario sobre el trabajo, aliviando especialmente las cargas sociales que pesan sobre los primeros tramos salariales y que desalientan la creación de empleo registrado”.
