El mundo cambia con tal velocidad que hay que renovar cada día el esfuerzo para impedir que la transformación termine marginando a quienes no consiguen entenderlo. Es un desafío imaginarse cómo se ubicaría en la dinámica que plantea la sociedad actual, una persona que nació a comienzos del siglo XX, una fecha que en términos históricos queda a la vuelta de la esquina, pero a partir de la cual el ritmo de cambio se ha acelerado.
Autos que funcionan sin conductor, astronautas que permanecen más de dos años en una estación espacial procurando arrancarle secretos al cosmos para cuando sea posible habitar otros planetas y el mundo entero conectado a través de redes que ignoran las distancias son algunas de las realidades que sorprenderían a alguien de otra época.
Pero así como esos cambios generan desconcierto y permiten avizorar transformaciones aún más profundas, hay cuestiones que permanecen, si no inalterables, al menos similares, aunque transcurran decenas o centenares de años.
El Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba dispone de la documentación imprescindible para demostrar que en algunos temas las agujas del reloj parecen detenidas o se mueven de manera imperceptible.
El registro más antiguo es de 1574. Han transcurrido en consecuencia 451 años, pero a los habitantes de la aldea de entonces les importaba como a los actuales ciudadanos de esta metrópoli reunir certezas –y poder demostrarlas- acerca de títulos de propiedad y herencias.
La historia documental de Córdoba comienza con una muerte. En 1574, apenas un año después de la fundación, el español Blas de Rosales cayó en un enfrentamiento con los pueblos originarios.
Su fallecimiento dio origen al primer expediente judicial que hoy conserva la institución que custodia la historia de estas tierras y su gente a partir de la documentación atesorada a lo largo de siglos.
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Antes, como ahora, era indispensable declarar formalmente la muerte de una persona para que su legítima descendencia pudiera acceder a los bienes que le pertenecían. En este caso, Blas de Rosales no dejó herederos ni testamento, con lo cual el trámite judicial consistió en el inventario de todos los bienes que dejó en esta tierra el difunto y las decisiones de distribución de esos bienes. A su lado, otras causas judiciales de la segunda mitad del siglo XVI integran este valioso conjunto de documentos pioneros, testimonio fundacional de los vínculos sociales, económicos y políticos de la época.
En el mismo período, los protocolos notariales ofrecen una ventana privilegiada a la vida cotidiana de los primeros vecinos. En esas páginas se conservan escrituras de compra y venta de chacras y solares, poderes legales y actos administrativos diversos.
Uno de esos documentos, fechado el 6 de julio de 1575, consigna la venta de una chacra ubicada en la Cañada de Córdoba: Alonso Gómez de la Cámara se la vende a Tristán de Tejeda. Un año más tarde, en 1576, Tomás de Irobi otorga un poder especial para testar antes de emprender la peligrosa “Jornada de Calchaquí”, en caso de morir en el camino.
Ese mismo año, el 2 de noviembre, el teniente de gobernador Lorenzo Juárez de Figueroa encomienda a Pedro de Ludueña varios pueblos, caciques e indígenas en nombre del Rey y del gobernador Gerónimo Abreu de Figueroa.
Casamientos por poder
Pero así como hay registros que permiten reconstruir cuestiones patrimoniales y hereditarias, otros documentos posibilitan también indagar acerca de las características de otras instituciones, imprescindibles para conocer a la sociedad del siglo XVI.
Un caso entre curioso y atractivo es el de los casamientos por poder, una modalidad llamativa que todavía está vigente, aunque se emplea de manera excepcional.
El documento es de 1577 y consigna que Juan de Soria, vecino de Córdoba, que no podía trasladarse a Santiago del Estero para su boda con Doña Isabel Balverde, confería a Pascual García la potestad de representarlo en la ceremonia.
Lo real es que, aunque ya se ha consumido un cuarto del siglo XXI, esta práctica todavía puede aplicarse. Se sabe además que tuvo una sorprendente reactualización durante la pandemia del covid, cuando de manera inesperada, parejas que querían formalizar y estaban en aislamiento acudían a un representante para dar el sí.
La legislación argentina vigente contempla el matrimonio por poder, aunque con ciertas restricciones. El Código Civil y Comercial establece que el consentimiento para contraer matrimonio puede ser expresado a través de un apoderado con poder especial, designando a la persona con quien se desea contraer matrimonio, exactamente como lo hizo Juan de Soria.
Sin embargo, este poder debe ser específico y la ley exige que la persona que otorga el poder esté impedida de asistir personalmente a la ceremonia. El artículo 15 del Código Civil y Comercial argentino, que trata sobre el matrimonio por poder, establece: «El consentimiento puede expresarse por medio de apoderado, con el poder especial en que se designe expresamente la persona con quien el poderdante ha de contraer matrimonio«.
Lo cierto es que el análisis de la documentación que el Archivo Histórico de la Provincia resguarda permite a las nuevas generaciones conocer que hay ciertos protocolos e instituciones que el tiempo no ha conseguido conmover y que han atravesado los siglos sin perder la esencia y con apenas cambios de forma.
Sobre estos documentos, la Directora del AHPC, Gabriela Parra Garzón, señala: “Córdoba era centro de distribución y de paso de distintas personas de diferente procedencia, tanto desde Europa como desde otras regiones de América. Y ese paso quedó reflejado en estos conjuntos documentales, que fueron reconocidos en 2016 como parte de la Memoria del mundo para América Latina y El Caribe de la UNESCO”.
Día del Archivista
El Día del Archivista en Argentina se celebra cada 28 de agosto en conmemoración de la creación, en 1821, del Archivo General de la Nación por decreto de Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La fecha busca reconocer la labor de quienes resguardan, organizan y preservan los documentos históricos y administrativos del país, fundamentales para garantizar la memoria colectiva, la transparencia institucional y el acceso a la información pública.
