El próximo viernes a las 13, el Palacio de Justicia será el escenario de la asunción de las autoridades de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba, un nuevo organismo creado bajo la Ley 11.085. El acto, que formalizará la puesta en marcha de esta estructura, estará encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Domingo Sesin.
La puesta en funciones de Bettina Croppi como Procuradora Penitenciaria General, junto a las adjuntas Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano, y la secretaria técnica Melani Mattia, marca el inicio operativo de un cuerpo diseñado para la tutela, promoción y protección de los derechos de las personas privadas de su libertad en el territorio provincial. En la misma ceremonia, también prestarán juramento Néstor Alejandro Gómez como fiscal Adjunto y Jorge Gustavo Folloni como defensor Adjunto.
La implementación de este flamante organismo llega al calendario judicial rodeada de un fuerte debate público y político. Desde el tratamiento de la ley, la creación de la Procuración Penitenciaria generó controversias en el arco legislativo y social debido a las particularidades de su diseño institucional. Los principales cuestionamientos se centraron en las altas remuneraciones asignadas a las nuevas autoridades y en la naturaleza vitalicia de los cargos, un esquema que despertó críticas sobre el costo fiscal y la estabilidad del cuerpo en comparación con otras áreas del Estado.
Por otra parte, la ceremonia del viernes contará con una ausencia notoria en los estrados. El fiscal Iván Rodríguez, inicialmente designado, no prestará juramento en esta oportunidad. Su situación permanece sujeta a observaciones tras las impugnaciones y cuestionamientos surgidos por su desempeño en una causa previa al femicidio de Agostina, donde se objetó la liberación de Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen.
