En medio de una creciente tensión laboral y social, el Ministerio de Trabajo dictó este martes la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto que involucra a la empresa Petroquímica Río Tercero, que en las últimas horas había despedido a 124 trabajadores, lo que dejó a la planta con apenas 130 empleados, cuando hasta octubre de 2024 contaba con una dotación de 375.
La conciliación implica que la empresa deberá retrotraer los despidos durante ese plazo, mientras se abre una instancia de diálogo entre las partes. La medida fue recibida con cautela por los gremios, que insisten en la necesidad de una intervención “urgente” del gobernador Martín Llaryora para frenar el proceso de desmantelamiento de la industria local.
El conflicto se desató el lunes, cuando los cesanteados comenzaron a recibir los avisos de despido por correo electrónico. La reacción fue inmediata: el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero (Spiqyp) lanzó un paro total de actividades en todas las plantas del rubro en la zona, al que se sumó también ATE Córdoba, expresando su solidaridad con los trabajadores.
Desde ATE, advirtieron que la situación es consecuencia directa de una política nacional que lleva al “industricidio”, en referencia a las medidas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. El gremio denunció que el Gobierno nacional ha abandonado al sector industrial, provocando un daño estructural que pone en jaque a miles de empleos.
En tanto, la empresa emitió un comunicado en el que justificó los despidos por la “delicada situación económico-financiera” y afirmó que se encuentra atravesando un proceso de reestructuración profunda, que incluye una racionalización de su dotación de personal. También adelantó que los trabajadores no despedidos serán dispensados temporalmente, es decir, no concurrirán a sus puestos pero seguirán cobrando el salario.
El conflicto se produce en un contexto de versiones sobre la venta de la planta, que opera en Río Tercero desde 1981 y pertenece al grupo nacional Piero, que también diversificó su negocio con el conglomerado Bitali, encargado del segmento químico. Actualmente, la planta permanece sin actividad y custodiada por efectivos policiales.
El intendente Marcos Ferrer calificó la situación como “crítica” y atribuyó la crisis a una combinación de apertura de importaciones, malos manejos y convenios laborales rígidos. Asimismo, pidió que no se bloqueen accesos a otras plantas, como la vecina Atanor, que evalúa ampliar operaciones en Río Tercero ante el cierre de una de sus sedes en San Nicolás.
Por su parte, el municipio expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos y advirtió sobre el fuerte impacto económico y social de la medida. A la vez, comunicó que está realizando gestiones ante la empresa y organismos competentes para conocer los pasos a seguir y defender los puestos de trabajo en riesgo.
La conciliación obligatoria otorga una tregua temporal, pero no resuelve el conflicto de fondo: los trabajadores exigen garantías de continuidad laboral, mientras crecen los rumores sobre un posible cierre definitivo o venta de la planta, lo que profundiza la incertidumbre en una comunidad que ya sufre las consecuencias del ajuste industrial.
