El acuerdo paritario sellado el pasado viernes entre el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y el Gobierno de Córdoba sigue generando repercusiones negativas en diversos sectores estatales. En el ámbito del Polo Sanitario, particularmente en el hospital Rawson, los trabajadores rechazaron de plano lo acordado, calificándolo de “insuficiente” y denunciando una negociación excluyente.
La asamblea de empleados del hospital expresó su desacuerdo, aduciendo que el aumento no refleja la pérdida real del poder adquisitivo frente a la inflación acumulada. También criticaron que el convenio se firmó sin contemplar la participación de la mayoría de los trabajadores no afiliados ni de otros gremios con representación en el sector, como la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Desde la asamblea remarcaron que, si bien se mencionó la reglamentación de la ley provincial 10.889 de Equipos de Salud, “no se brindaron detalles concretos sobre su aplicación”. A esto se sumó un fuerte reclamo por la exclusión de trabajadores despedidos, ya que el acuerdo contempla solo la reincorporación de afiliados al SEP, dejando afuera al resto.
“La defensa de los derechos de los estatales no puede estar sujeta a la filiación sindical ni a intereses políticos”, advirtieron desde el Rawson.
Por su parte, UTS expresó que el convenio “consolida la pérdida salarial” al pactar un incremento del 18% anual, cifra que consideran por debajo de las proyecciones de inflación estimadas por consultoras privadas y el Banco Central. En un comunicado, el gremio denunció que la negociación se realizó “a puertas cerradas y sin consulta alguna a los trabajadores”, y por eso convocaron a nuevas asambleas y medidas de fuerza.
UTS adelantó que este miércoles se movilizarán hacia el Ministerio de Salud de la provincia para exigir “una verdadera recomposición salarial, el regreso de todos los despedidos y la implementación efectiva de la ley de equipos de salud”.
En la misma línea, ATE Córdoba repudió el accionar del SEP y sostuvo que el sindicato actuó “en defensa del gobierno antes que de los trabajadores”, ayudando al Ejecutivo provincial a asegurar recursos en un año electoral mientras “las familias no logran cubrir sus necesidades básicas”. También acusaron al SEP de haber gestionado “la reincorporación de solo algunos despedidos”, calificando esa actitud como “canalla”.
ATE reclamó nuevamente su inclusión en la mesa de negociación, recordando que llevan años siendo excluidos de ese ámbito, lo cual consideraron una postura “autoritaria” del gobierno provincial.
