En medio de la tensión política por las recientes derrotas legislativas del oficialismo, Unión por la Patria (UxP) y otros sectores opositores presionan para reanudar la actividad en la Cámara de Diputados durante el receso invernal, pero la estrategia choca con el compás de espera de los gobernadores, quienes prefieren aguardar un gesto de apertura del Gobierno antes de volver a confrontar.
La ofensiva parlamentaria impulsada por la oposición más dura busca aprovechar el desgaste del Ejecutivo tras el revés en el Senado, donde se aprobaron los proyectos de reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto al combustible. Sin embargo, la falta de respaldo pleno de los mandatarios provinciales pone en duda la viabilidad de una sesión especial en plena temporada de vacaciones.
La tensión escaló luego de que el presidente Javier Milei anunciara que vetará ambas leyes si reciben media sanción en Diputados, acusando a todos los gobernadores, sin distinción, de intentar “destruir al Gobierno”. La reacción generó malestar incluso en aliados como el salteño Gustavo Sáenz, quien reprochó la falta de reconocimiento a quienes acompañaron al oficialismo en ocasiones anteriores.
A pesar del impulso opositor, ni siquiera el bloque peronista asegura contar con sus 98 diputados en el recinto, en un contexto de receso invernal y escasa voluntad política para romper con la tradición. El objetivo de fondo es marcar la agenda pública y forzar al Gobierno a reaccionar.
Desde la oposición proyectan una mega sesión posterior al receso, con el objetivo de votar proyectos clave como el financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica (con eje en el Hospital Garrahan), y el rechazo a los vetos presidenciales sobre las leyes jubilatorias y de discapacidad.
Sin embargo, los gobernadores y sectores más dialoguistas proponen una estrategia más gradual, con sesiones fragmentadas para no sobrecargar al Ejecutivo con medidas que puedan convertirse en una bomba fiscal. La idea de aprobar simultáneamente los proyectos de coparticipación, aumento jubilatorio, moratoria, discapacidad y emergencia hospitalaria supondría un riesgo económico importante, algo que muchos mandatarios prefieren evitar.
El control de la agenda parlamentaria no está del todo en manos de los gobernadores, que deberán negociar con UxP, principal fuerza opositora. El kirchnerismo, en tanto, prioriza el financiamiento universitario y la situación del Garrahan, lo que complica la posibilidad de dividir las sesiones como sugieren los más moderados.
En ese contexto, los proyectos aprobados por el Senado serán utilizados como “carnada” para atraer a los diputados de las provincias. Si logran el quórum, buscarán tratarlos sobre tablas; en caso contrario, impulsarán mociones de emplazamiento para obligar a la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, alineado con el oficialismo, a abordar los temas.
Con la mira puesta en la posible negociación de fondos por fuera del Congreso, los próximos días serán decisivos para definir si se reactiva el debate legislativo o si el Gobierno apuesta, una vez más, a resistir con el poder del veto presidencial.
