El Gobierno de Córdoba presentó un proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos con el objetivo de dotar al Estado de nuevas herramientas para intervenir de manera rápida y coordinada sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, favorezcan situaciones de inseguridad.
La iniciativa, rubricada por el gobernador Martín Llaryora, establece un régimen administrativo y judicial destinado a actuar sobre búnkeres de venta de drogas, guaridas del delito y propiedades abandonadas o deterioradas que puedan convertirse en focos de criminalidad o representar un peligro para la comunidad.
El proyecto contempla mecanismos de intervención temprana mediante actas de constatación, informes técnicos y resoluciones fundadas, además de medidas preventivas como el cerramiento, el tapeado de accesos, clausuras temporales, custodia y aseguramiento de los inmuebles involucrados, siempre respetando las garantías del debido proceso y las competencias judiciales.
En los casos de mayor complejidad, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico, será la Justicia la encargada de disponer medidas de mayor alcance, entre ellas desalojos, demoliciones de construcciones utilizadas para la comercialización de estupefacientes o la restitución de propiedades a sus legítimos dueños.
La propuesta incorpora además un esquema para reinvertir los bienes decomisados y los recursos obtenidos en causas vinculadas al narcotráfico. Según establece el proyecto, el 60% de esos fondos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% restante financiará programas de prevención y abordaje impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirán coordinar acciones entre distintas áreas del Estado provincial, la Justicia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.
Asimismo, el proyecto invita a municipios y comunas a adherir al régimen y suscribir convenios de cooperación para facilitar las intervenciones en el territorio y avanzar en la recuperación de espacios utilizados por organizaciones criminales.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo provincial busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, al tiempo que pretende devolver a los vecinos inmuebles que durante años estuvieron asociados al delito y la violencia en distintos barrios de la provincia.
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