El gobernador Martín Llaryora presentó la Asignación Estímulo destinada al personal del Ministerio de Salud de Córdoba y anunció la unificación del régimen legal del equipo sanitario provincial, dos medidas que reconocen y fortalecen el trabajo de más de 15 mil agentes en toda la provincia.
Desde el inicio de la gestión, la Provincia invirtió cerca de 30 mil millones de pesos en infraestructura y equipamiento hospitalario. La asignación estímulo, que se compone con el 30% de los recursos recuperados por prestaciones sanitarias, distribuirá un total de 1.966 millones de pesos en esta primera etapa, alcanzando a 15.146 trabajadores.
Llaryora subrayó que en Córdoba la salud pública «se reivindica” frente a un contexto nacional adverso y que “sin salud no existen otros derechos”. La medida contó con el respaldo del ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, y dirigentes gremiales que valoraron el consenso alcanzado entre Gobierno y trabajadores.
Asignación estímulo
La asignación tiene carácter de gratificación específica, no remunerativa, variable y no permanente. Estará compuesta por dos tramos: un componente general (80 % del fondo), que se distribuye entre todo el personal habilitado, y un componente prestacional crítico (20 %), destinado a equipos con funciones específicas en áreas sensibles o de alta demanda.
La liquidación será semestral. En 2025, de forma excepcional, se hará en junio y en octubre.
Ley de Equipos de Salud
Se prevé un proceso en dos etapas que unificará el personal técnico y profesional, así como el traslado de empleados públicos bajo la ley 9361 hacia la ley 10.889, con mejores condiciones y estabilidad laboral.
Esta decisión representa una inversión mensual de 2.250 millones de pesos, con un aumento promedio por agente de 242 mil pesos mensuales, y apunta a garantizar mayor equidad, mejorar las condiciones laborales dentro del sistema.
José María Ruiz, director del Hospital de Bell Ville, valoró la iniciativa: «Esto hace que todo el personal de salud sea único. Esto es una gran valoración para nosotros»
Seguidamente, Emiliano Toffoni, director del Hospital de Corral de Bustos, señaló que «lo de hoy era una necesidad, unificando criterios y dando importancia a todos los trabajadores».
Estuvieron presentes, además, el Ministro de Gobierno, Manuel Calvo; sus pares de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore; el presidente de APROSS, Pablo Ventoruzzi; directores de Hospitales de capital e interior, entre otros.
Se firmó la reglamentación de la ley 10.889
La implementación de la ley 10.889 unifica y mejora el régimen laboral para más de 5.700 agentes hasta ahora bajo distintos regímenes, con una inversión mensual proyectada de 2.250 millones de pesos y un aumento promedio de 242 mil pesos mensuales por agente. La ley contempla además la evaluación de desempeño y la profesionalización del sistema sanitario.
La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) de Córdoba destacó la firma del decreto de reglamentación de la ley 10.889, que modifica el régimen de trabajo y el escalafón del personal sanitario provincial. Este hecho representa un logro como resultado de la lucha coordinada de los trabajadores durante años.
Según el comunicado oficial de la UTS, la sanción y reglamentación de la ley fue una demanda constante desde 2020, impulsada también junto a varios Colegios Profesionales. La normativa se convirtió en una bandera emblemática del movimiento sindical durante el Cordobazo en Salud de 2022.
La ley implica el reconocimiento formal de la formación de diversos profesionales y técnicos que previamente estaban relegados en el escalafón. Además, incorpora a trabajadores administrativos y de servicios generales al equipo sanitario, sectores clave para el funcionamiento hospitalario.
Junto con la reglamentación, se anunció el pago de un estímulo económico para el personal de salud, financiado con fondos provenientes del recupero de gastos hospitalarios, lo que supone una mejora concreta en los ingresos de miles de agentes.
Desde la UTS valoraron este avance como un impulso para continuar la lucha por mejores condiciones laborales, salarios acordes a la canasta familiar, la erradicación de la precarización y la negociación de una paritaria específica para el sector.
