Este lunes se espera una jornada clave en el Centro Cívico cordobés. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión del Personal Superior (UPS) mantendrán reuniones decisivas con el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, con altas probabilidades de firmar un acuerdo salarial que regirá hasta fin de año, incorporando una cláusula gatillo que ajuste los sueldos al ritmo de la inflación.
La negociación se intensificó luego de que el gobernador Martín Llaryora advirtiera que, de no sellarse un acuerdo antes del lunes, fecha límite para emitir los recibos de sueldo, los incrementos salariales serían definidos por decreto. En ese escenario, se aplicaría el techo nacional impuesto por el presidente Javier Milei: un 1,8% para marzo y un 1% para abril, lo que significaría una pérdida de poder adquisitivo de más de dos puntos frente a la inflación acumulada del 5,3% en esos dos meses, según datos provinciales.
Presión oficial y estrategia gremial
El viernes pasado, el SEP realizó una protesta en Jesús María, pero desde ambos gremios admiten que la postura del Ejecutivo es firme. Por eso, tanto Sergio Castro (SEP) como María Inés Palacios (UPS) se reunirán con Consalvi para intentar garantizar un entendimiento que asegure al menos no perder ante la inflación.
De concretarse el acuerdo, los estatales recibirían aumentos equivalentes al índice de precios en los meses de marzo y abril, y podrían negociar mejoras adicionales en los próximos encuentros. Sin embargo, los gremios señalan que la propuesta no contempla la recuperación del poder adquisitivo perdido en 2023, uno de los puntos centrales de sus reclamos.
Qué exigen los gremios
El SEP solicitará además el blanqueo de parte de los más de 200.000 pesos en adicionales que percibe el personal administrativo, así como la reglamentación de la nueva ley de salud, una medida que beneficiaría a trabajadores de hospitales públicos, actualmente en conflicto con medidas de fuerza que afectan la atención.
Por su parte, la UPS insistirá en que todo aumento sea remunerativo, para que alcance también a los jubilados del sector jerárquico.
Si el acuerdo se concreta con estos dos gremios, considerados los más influyentes del sector público provincial, se espera que el resto de los sindicatos estatales (legislativos, viales, músicos, Atsa, Casinos, entre otros) adopte la misma línea.
Acuerdo con la Nación y deuda previsional
El avance en las negociaciones gremiales llegó después de que la provincia alcanzara un acuerdo con el gobierno nacional por la deuda de la Caja de Jubilaciones. A partir de ahora, la Nación girará $5.000 millones mensuales a Córdoba, aunque esa cifra no cubre el déficit total.
Con estos fondos, Llaryora prometió mejoras para los jubilados que cobran la mínima, pero mantendrá el diferimiento en el pago de aumentos a los pasivos, medida que afecta a la mitad de los beneficiarios. Los gremios exigen la eliminación total del diferimiento, algo que el Gobierno no contempla por ahora.
Judiciales en pie de guerra
Mientras avanza el diálogo con la administración central, el conflicto más severo persiste en el Poder Judicial. A pesar de haber recibido aumentos por una reciente reestructuración del escalafón que favorece a los agentes de menor categoría (con subas del 10 al 16,7%), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) anunció un paro de 72 horas para esta semana.
El gremio exige equiparación salarial con la Justicia federal, mientras que desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) remarcan que el costo fiscal de la reforma alcanzará los $586 millones mensuales y que ya se otorgaron aumentos retroactivos del 2% correspondientes a febrero.
El frente gremial en Córdoba entra así en una semana decisiva. Con un Ejecutivo decidido a imponer condiciones y sindicatos que buscan no retroceder en lo logrado, las próximas horas definirán si se consolida la paz social o se recrudece el conflicto.
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