El paro universitario convocado para este martes se inscribe en un conflicto que, según ADIUC, acumula una pérdida salarial del 32% respecto de diciembre de 2023, además de una deuda equivalente a 4,5 salarios por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La estimación surge del Observatorio del Salario y el Presupuesto de ADIUC, integrado por profesionales y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y cuyos resultados, según explicó la representante sindical Leticia Medina, son contrastados con observatorios de otras organizaciones gremiales.
“Lo que el Gobierno debería estar dándonos para tener el mismo poder adquisitivo de diciembre de 2023 es un 32% de aumento”, señaló Medina.
A esa recomposición, explicó, se suma el efecto acumulado por la demora en la aplicación de la normativa. Según el cálculo del gremio, si la ley se hubiera aplicado desde el momento correspondiente, los trabajadores universitarios habrían acumulado ingresos equivalentes a 4,5 salarios adicionales durante este período.
Quiénes fueron los más afectados
La pérdida no impactó de la misma manera en todas las categorías docentes. De acuerdo con ADIUC, los trabajadores más perjudicados fueron quienes se encontraban por debajo de la garantía salarial, el mecanismo que establece un piso mínimo de ingresos.
Durante aproximadamente un año, mientras la mesa paritaria permaneció suspendida, el Gobierno otorgó aumentos unilaterales que, según el gremio, estuvieron en general por debajo de la inflación y no modificaron la garantía salarial.
El resultado fue que algunos docentes que cobraban el mínimo no recibieron aumentos efectivos, ya que las subas permanecían por debajo del piso establecido.
La situación se modificó parcialmente con el acuerdo alcanzado en junio, que contempló un incremento general del 21,3%, también aplicado a la garantía salarial. Para Medina, sin embargo, ese aumento representó “un poco más de un tercio” de la deuda acumulada.
Un deterioro que alcanza a toda la Universidad
El reclamo sindical excede la discusión salarial. Según los datos aportados por ADIUC, alrededor del 90% del presupuesto universitario corresponde a salarios docentes y no docentes. En 2023, el presupuesto representaba el 0,70% del PBI, mientras que en 2025 alcanzó el 0,49%.
Para 2026, el presupuesto aprobado en diciembre implicó, según el gremio, una reducción del 33,8% respecto de lo ejecutado en 2023. Los gastos de funcionamiento, en tanto, cayeron un 20,3% en ese período.
Medina señaló que esa reducción derivó en obras paralizadas, restricciones en proyectos de mejora académica y menor inversión en ciencia, tecnología y extensión, además de dificultades para sostener el funcionamiento de los hospitales universitarios.
“Se comprometieron las acciones básicas de las universidades: docencia, investigación y extensión”, sostuvo.
El impacto también alcanza a los estudiantes. Las becas estudiantiles permanecieron prácticamente congeladas en valores nominales y actualmente rondan los $35.000, según los datos mencionados por la dirigente.
A esto se suman restricciones en servicios como comedores, becas de apuntes, insumos para laboratorios y viajes formativos. Medina mencionó, entre otros ejemplos, las prácticas que realizan estudiantes de Biología en áreas de conservación de bosque nativo.
Para la representante de ADIUC, el deterioro presupuestario también genera un desincentivo a la carrera científica y académica, debido a los bajos salarios con los que se inicia la actividad universitaria.
Las críticas al Gobierno
ADIUC sostiene que existe una política de ataque a las universidades que combina el ajuste presupuestario con cuestionamientos públicos a las instituciones y sus trabajadores.
Medina enumeró como ejemplos las acusaciones de malversación de fondos, las auditorías anunciadas por el Gobierno, las denuncias de supuesto adoctrinamiento y los cuestionamientos a la eficiencia de las universidades y a la cantidad de graduados.
Según la dirigente, estas acciones forman parte de una estrategia destinada a deteriorar la confianza social en las universidades públicas.
El paro universitario de este martes forma parte de un nuevo tramo del plan de lucha que continuará con una jornada nacional de clases públicas el 15 de septiembre y un acto frente al Palacio Pizzurno el 17, en coincidencia con una nueva instancia paritaria.
Mientras tanto, el Frente Sindical Universitario avanza en la organización de la quinta Marcha Federal, prevista para la primera semana de octubre. El paro universitario se mantendrá como parte de las medidas hasta que los gremios obtengan una nueva propuesta salarial y respuestas sobre el financiamiento del sistema.
