A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aún no se pronunció sobre el amparo presentado por Vecinos Autoconvocados, la Municipalidad de Villa Allende confirmó que avanzará desde febrero con la instalación de portones y rejas en distintos barrios de la ciudad. La decisión reavivó el rechazo de numerosos vecinos, que cuestionan tanto la legalidad de la medida como su eficacia para prevenir el delito.

Según el esquema oficial, se colocarán 13 portones y dos rejas en sectores considerados “críticos”, con cierre nocturno entre las 22 y las 6, controlados por la Guardia Urbana y complementados con cámaras, lectoras de patentes y drones. El secretario de Gobierno, Felipe Crespo, aseguró que no se trata de un cierre total de los barrios sino de la restricción de calles secundarias utilizadas como vías de escape del delito. El municipio sostiene que la iniciativa cuenta con respaldo judicial de la Cámara Contencioso Administrativa y que continuará mientras se resuelven las instancias pendientes.

Sin embargo, desde los barrios alcanzados, la respuesta vecinal es mayoritariamente negativa. Cecilia Klor, vecina de Lomas Sur, remarcó que la sentencia “no está firme” y cuestionó los fundamentos oficiales. “Dicen que la tasa de delincuencia ha subido, pero no muestran estadísticas. En una reunión con el comisario a cargo nos dijeron que los índices habían bajado”, afirmó. También señaló la falta de información sobre el diseño, la empresa encargada y el funcionamiento concreto de los portones y drones. “Hablan de muchas cosas, pero hasta ahora no nos han dicho nada. Hace un año que venimos trabajando y nunca tuvimos una respuesta fehaciente del municipio”, sostuvo.

Uno de los reclamos centrales de los vecinos es la afectación a la libre circulación y a los servicios de emergencia. Klor advirtió que el cierre de calles obligará a recorridos más largos y potencialmente inseguros, además de generar demoras para ambulancias y bomberos. A eso sumó el impacto inmobiliario: “Un portón a metros de mi casa le quita valor. ¿Quién va a querer comprar una vivienda en una zona marcada como roja?”.
En la misma línea, otro vecino, Javier Saad, consideró que avanzar sin una sentencia firme podría derivar en responsabilidades legales futuras. “Si el TSJ falla distinto, lo que se haga podría encuadrarse como malversación de fondos o incumplimiento de deberes de funcionario público”, planteó.

Marcelo César Bianco, otro de los referentes vecinales, sostuvo que la estrategia municipal busca “generar hechos consumados” frente a la apelación presentada. Cuestionó además el registro de oposición utilizado como argumento de aval ciudadano. “Fue antidemocrático, limitó la participación a propietarios y dejó afuera a gran parte de los habitantes. La Cámara tomó como parámetro a 22 personas y desestimó más de 3.000 firmas de vecinos en contra”, explicó.

Desde el barrio El Ceibo, Graciela coincidió en que los portones no resolverán los delitos cotidianos y contó su experiencia: “Los robos y arrebatos pasan de día. A mí me robaron el celular a la una y media del mediodía, un vecino del barrio. El portón no sirve para nada y encima nos encierra con los propios ladrones”. También alertó sobre demoras en situaciones de violencia familiar o emergencias nocturnas y sobre la desvalorización de las propiedades.

Por su parte, Verónica Pérez Furlan, vecina de Lomas Sur, se refirió el malestar general al señalar que la municipalidad “interacciona de manera arbitraria” y sin diálogo. “Queremos seguridad, pero bien gestionada, con fundamentos y respetando derechos. No hay estadísticas, ni estudios universitarios que avalen el cerramiento de calles”, afirmó.

Preocupación por el uso de drones

El anuncio de incorporar drones al esquema de vigilancia también generó inquietud. Bianco expresó una fuerte preocupación por la privacidad y el destino de la información recolectada. Señaló que “los drones, con una elevada capacidad de resolución, pueden vulnerar la privacidad de los domicilios de los vecinos” y advirtió que no existen garantías claras sobre “a dónde van a parar los datos que se han recolectado a través de las cámaras y de los drones”.

La vecina Pérez Furlan calificó el tema como “controversial” y remarcó la falta de regulación y control. “No conocemos cuáles son las licencias de esos aparatos ni nada de nada, no hay especificaciones”, sostuvo.

Aplicación IBIS SOS: ¿realmente es útil?

La aplicación IBIS SOS, mencionada por el municipio como una herramienta clave para relevar situaciones de inseguridad y definir zonas de intervención, también fue puesta en duda por los vecinos. “No sé si todos los vecinos están enterados de esa aplicación. La verdad, yo no la conozco, no sé cómo se usa”, afirmó Klor.

Por su parte, Saad fue más crítico y señaló: «La aplicación IBIS SOS es propaganda mediática de los funcionarios ya que en los grupos de seguridad barriales ni están enterados de que se trata”.

A diferencia, Graciela reconoció que la tiene descargada pero aclaró: “Yo nunca la usé. Como medida complementaria no está mal, siempre y cuando tengan respuesta inmediata”. Y advirtió que sin recursos reales detrás, la herramienta pierde sentido: “Si vos llamás y después no hay ambulancia, es lo mismo que no existiera”.

Los Vecinos Autoconvocados anunciaron que continuarán con acciones legales y actividades informativas, como un conversatorio con especialistas en seguridad, mientras esperan que el TSJ se expida sobre una medida que, lejos de cerrar el debate, profundizó la grieta entre el Ejecutivo municipal y parte de la comunidad.