El Colegio de Abogados de Córdoba y el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia suscribieron el «Protocolo de Actuación en el Servicio Penitenciario de Córdoba», un convenio que fija pautas obligatorias para el ejercicio profesional en los complejos carcelarios provinciales. La firma tuvo lugar este martes 12 de mayo en el Centro Cívico del Bicentenario.
El acuerdo busca garantizar el derecho de defensa, reducir conflictos operativos y agilizar el acceso de los letrados a las personas privadas de libertad.
Un protocolo «sin antecedentes en el país»
El texto actualiza un convenio anterior firmado en 2024 y surge como respuesta a reclamos reiterados de abogados penalistas, quienes denunciaban demoras, trabas de acceso y ausencia de criterios uniformes para trabajar dentro de las prisiones.
El presidente del Colegio de Abogados, Eduardo Bittar, destacó el carácter inédito del instrumento y valoró el trabajo conjunto realizado en los últimos meses entre autoridades penitenciarias y profesionales del derecho.
«Es un hecho político que demuestra la voluntad de empezar a solucionar problemas históricos vinculados al ejercicio profesional dentro del servicio penitenciario», sostuvo Bittar durante el acto.
El titular del Colegio también subrayó una de las problemáticas más frecuentes entre sus colegas:
«Todo abogado y toda abogada debe poder desempeñar su profesión de forma segura y especialmente ágil. A veces los colegas esperan horas para poder entrevistar a un defendido y eso hace muy difícil el ejercicio profesional.»
Qué establece el protocolo
Entre sus principales disposiciones, el convenio regula las condiciones de ingreso a los establecimientos, fija horarios de acceso, determina criterios objetivos sobre vestimenta e incorpora mecanismos formales para impugnar restricciones arbitrarias. Además, asegura prioridad de ingreso cuando los profesionales comparten espacios con visitantes.
El acuerdo también habilita canales institucionales para coordinar entrevistas presenciales y videoconferencias con internos, e incluye normas específicas para proteger el secreto profesional e impedir revisiones indebidas de documentación vinculada a causas judiciales.
Diálogo y consenso como ejes
La secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, reconoció el contexto de sobrepoblación carcelaria que atraviesa la provincia y enfatizó la importancia del entendimiento institucional. «Este protocolo no puede quedar vacío de contenido. Queremos diálogo, consenso y desmontar prejuicios de una parte y de la otra», afirmó.
Fernández señaló además que el objetivo es fortalecer al Servicio Penitenciario y generar herramientas que mejoren el funcionamiento cotidiano de los establecimientos, tanto para el personal como para los profesionales que intervienen en ellos.
Por su parte, el fiscal General de la Provincia, Carlos Rubén Lezcano, celebró la firma y recordó las dificultades históricas que enfrentaban los defensores para acceder a entrevistas con sus representados.
Una comisión para supervisar la implementación
Para asegurar el cumplimiento del acuerdo, el convenio contempla la creación de una Comisión de Coordinación integrada por representantes del Ministerio de Justicia y del Colegio de Abogados. Dicho organismo tendrá a su cargo la supervisión de la implementación del protocolo, la recepción de reclamos y la propuesta de mejoras periódicas.
Del acto de firma también participaron autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba y representantes del Ministerio Público Fiscal.
