Tras las tres demandas en Córdoba contra AstraZeneca por los presuntos efectos adversos generados por la inoculación con las vacunas contra el Covid-19, tres mujeres presentaron ahora recursos directos contra el Estado nacional para reclamarle una indemnización de más de 200 millones de pesos en total en concepto de reparación de la “Ley Vacunas”.
La primera de las tres demandas fue presentada en Río Cuarto, en 2024. Por entonces, una pareja reclamó a la farmacéutica y al Estado argentino $ 100 millones por una presunta reacción secundaria al inocularse con la vacuna.
La segunda fue radicada en nuestra ciudad luego de que una enfermera pidiera $ 220 millones por haber adquirido el síndrome de Sjogren y la púrpura trombocitopénica, supuestamente por el efecto de la vacuna.
El tercer reclamo contra el laboratorio y el Estado nacional se conoció en mayo pasado cuando una joven reclamó más $ 440 millones por daños y perjuicios por el fallecimiento de su esposo, el futbolista Ronald Biglione. El hombre sufrió la enfermedad púrpura trombótica trombocitopénica, presuntamente a raíz de la vacunación.
Recursos directos contra el Estado nacional
La última novedad en la Justicia Federal es la presentación de tres recursos directos presentados por el abogado Pablo Roca en representación de tres mujeres contra el Estado nacional por $ 205.791.120, reveló el diario La Voz del Interior. Si bien los reclamos se hicieron por separado, buscan lo mismo: una reparación por la ley 27.573 (“Ley de Vacunas”).
Caso 1: una psicóloga (55) de Villa Rumipal señaló que se inoculó con la primera dosis de AstraZeneca (lote CTMAV53) en mayo de 2021 y con la segunda (lote NHO 163) un mes después. Luego recibió la tercera (lote NLO123) en diciembre del mismo año y la cuarta (lote 210581), en mayo de 2022.
A pesar de padecer artritis reumatoidea desde niña, su enfermedad estaba en plena remisión hasta que recibió las vacunas. Explicó que después de la cuarta dosis, sufrió una hemorragia y fue internada en el Hospital de Villa Dolores.
Sufrió fuertes dolores en las piernas y jaquecas y dolor de cuello.
Le detectaron un derrame en la zona parietal derecha, por lo que la internaron en terapia intensiva y la derivaron al hospital Italiano, de Córdoba capital, donde le diagnosticaron aneurisma y una trombosis cerebral venosa con derrame.
Tras varios días en terapia intensiva y medicación, en 2023 sufrió un síncope, diplopía visual, desequilibrio, debilidad, fotofobia, temor de salir de la casa, confusión, ansiedad y angustia, trastornos de sueño, dolores y molestias neuropáticas.
Actualmente padece tinitus, dolores, cosquilleos, problemas de equilibrio y de visión. El evento supuestamente atribuible a la vacunación (Esavi) fue denunciado ante el organismo de farmacovigilancia. La mujer señaló que con los antecedentes clínicos y la secuencialidad de los hechos, está probado el nexo causal (de la vacuna de AstraZeneca) y los padecimientos que alega.
Caso 2: una ex comerciante (45) relató que recibió la primera dosis de AstraZeneca (lote 71534) en junio de 2021 y la segunda, en septiembre (lote NK0224). Después de la inoculación comenzó con dolores en la pierna izquierda, que se hicieron más intensos. En el hospital Córdoba le diagnosticaron trombosis venosa profunda (por la vacunación contra el Covid-19) y debieron amputarle el miembro inferior izquierdo (debajo de la rodilla).
Caso 3: la mujer recibió la primera dosis de AstraZeneca (lote ABX8674) en junio de 2021, la segunda en agosto de ese año (lote NJ0037) y la tercera, de Pfizer (lote FN0087), en marzo de 2022.
Debido a que durante la pandemia trabajaba 12 horas diarias en una fábrica de barbijos, fue inoculada con dos dosis de “manera obligada” y debió ser aislada varias veces, ya que sus compañeras contrajeron Covid o al menos tenían los síntomas.
A partir de la primera inoculación mencionó que comenzó a padecer inestabilidad emocional y clínica, supuración por la nariz, dolor en las piernas e imposibilidad de caminar.
La trasladaron al hospital Eva Perón (Córdoba capital), donde le diagnosticaron una gran infección en una pierna. Luego, en el Hospital de Santa Rosa de Calamuchita le confirmaron una piodermitis de pierna derecha y onicomicosis y verruga plantar. Le dijeron que padecía pie diabético, hiperglucemia, absceso cutáneo, furúnculo, ántrax del tronco, flebitis y tromboflebitis.
Fue derivada al hospital Córdoba, donde le realizaron una amputación supracondílea de miembro inferior izquierdo, al igual que la mujer del caso anterior. Padeció una crisis nerviosa, y por su incapacidad laborativa perdió su trabajo. Actualmente está desempleada, lo que derivó en una depresión severa, ansiedad y ataques de pánico.
El abogado de las reclamantes sostuvo que la inoculación fue producto de una gran presión social, laboral y de los medios de comunicación y la “coacción ejercida desde el mismo Estado”.
Indicó que no tuvieron opción más que vacunarse y que “jamás” fueron informadas de los efectos adversos del fármaco, los riesgos/beneficios ni tampoco brindaron un “verdadero consentimiento”.
“El llamado pasaporte sanitario fue lisa y llanamente un instrumento de intimidación”, advirtió el letrado. En ese contexto, dijo que las mujeres se vacunaron con “una droga experimental” con “cláusula de indemnidad patrimonial y confidencialidad del contenido de los viales”, porque impide acciones contra sus fabricantes.
También indicó que se violó el consentimiento informado y se las “acorraló entre dos opciones”: inocularse o someterse a su “muerte civil”.
“El Estado actuó de manera negligente y culpable, rozando el dolo eventual, ya que obró de mala fe desconociendo y haciendo caso omiso a todas las garantías que requiere la inoculación de drogas experimentales, violando todos los tratados internacionales vigentes, primando los intereses del mercado frente las obligaciones con los ciudadanos y el respeto a los tratados”, agregó.
En los tres casos, señaló que el Estado nacional no respondió a los reiterados reclamos administrativos y pronto despacho vinculados al Fondo de Reparación de Covid-19. Recordó que el evento adverso (Esavi) fue notificado al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa), por lo que, según entendió, se encuentra acreditada la existencia del daño y el nexo causal con la inoculación.
Posteriormente, solicitó que la Comisión Nacional de las Vacunas (Conaseva) emitiera un dictamen de cada uno de los estudios clínicos efectuados y las conclusiones médicas.
Sin respuestas, recurrieron a la Justicia federal con la interposición de recursos directos.
El abogado dijo que la SRT, y/o Ministerio de Salud de la Nación debió haber solicitado todos los estudios complementarios por ser “víctimas” de un “delito perpetrado desde el Estado”: “víctimas de un acto de violencia institucional (la vacunación coactiva) de un mero elemento experimental y nocivo para la salud humana”.
Por la falta de respuestas, invocaron el “silencio positivo” de la administración: que en caso de que no resuelva una solicitud dentro del plazo, debe considerarse aceptada de manera tácita, salvo que exista una disposición contraria.
De esta forma, reclamaron $ 68.597.040 cada una ($ 205.791.120 en total).
