La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba presentó un informe integral sobre la situación de las adolescencias en Córdoba, en el que advierte sobre una brecha creciente entre las necesidades reales de los adolescentes y la capacidad de respuesta de las instituciones.
El documento fue elaborado en conjunto con el Programa Adolescencias de la Universidad Pedagógica Nacional y busca aportar herramientas para el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos.
El trabajo propone un cambio de paradigma: pasar de una mirada centrada en el riesgo, asociada a consumos, violencia o delito, a un enfoque basado en el bienestar adolescente. Según el informe, las respuestas actuales suelen ser reactivas, punitivas y con sesgos tutelares, lo que termina por invisibilizar las causas estructurales del malestar y reforzar estigmas.
En ese sentido, el bienestar es definido como una construcción colectiva que depende de múltiples factores: condiciones materiales de vida, vínculos, territorio, acceso a servicios y oportunidades reales de desarrollo. Para su análisis, el documento articula datos estadísticos con las voces de los propios adolescentes, recogidas a través de entrevistas, grupos focales y espacios de participación.
Uno de los hallazgos centrales es que la pobreza no solo limita el acceso a bienes básicos, sino que también reduce las expectativas de futuro y las posibilidades de participación. A esto se suma la fragilidad de los vínculos con adultos de referencia, cuya ausencia, muchas veces vinculada a condiciones laborales, impacta directamente en el bienestar emocional.
El informe también señala una brecha crítica en salud mental: mientras crecen las manifestaciones de angustia, estrés, consumos problemáticos e ideación suicida, el sistema responde de manera tardía y con escasa capacidad preventiva. “Se trabaja sobre la urgencia y se llega tarde”, sintetiza el diagnóstico.
Otro punto clave es el entorno digital, donde los adolescentes “navegan en soledad”, sin acompañamiento adulto ni marcos institucionales adecuados. En paralelo, se advierte un silenciamiento en torno a la diversidad de género en las դպրոցas, lo que deja a muchos jóvenes sin herramientas para construir su identidad.
En cuanto a las relaciones intergeneracionales, el documento resume la demanda adolescente en dos palabras: “escucha y protección”. Sin embargo, advierte que lo que frecuentemente encuentran es descalificación o ausencia. Esta desconexión, lejos de ser menor, profundiza el malestar y limita la posibilidad de pedir ayuda.
El rol del Estado aparece como determinante. Si bien en Córdoba la inversión en niñez y adolescencia ha sido históricamente prioritaria, el informe alerta que los efectos de la inflación erosionan su impacto real. Además, persiste una distancia entre el reconocimiento normativo de los adolescentes como sujetos de derecho y una práctica institucional que muchas veces los trata como “problema”.
Frente a este escenario, el documento propone una agenda de acción con múltiples ejes: garantizar condiciones materiales básicas, fortalecer la red de salud mental, recuperar espacios públicos y comunitarios, regular el entorno digital y asegurar la continuidad de la inversión social. También destaca el rol de la escuela como espacio clave de contención, con necesidad de mejorar protocolos, equipos de orientación y formación docente.
Pese al diagnóstico crítico, el informe pone en valor la capacidad de agencia de los propios adolescentes. Cuando existen condiciones mínimas, no solo participan, sino que construyen propuestas concretas y demandan políticas acordes a sus necesidades.
En sus conclusiones, la DDNA plantea que el bienestar adolescente no es un tema sectorial, sino un horizonte colectivo que define el presente y el futuro de la sociedad. “En cómo se acompaña a las adolescencias se juega también la calidad democrática y el proyecto común”, advierte el documento.
