La conflictividad laboral volvió a ocupar un lugar central en la agenda cordobesa. Un reciente estudio del Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la UNC contabilizó 902 conflictos laborales entre enero de 2023 y julio de 2025, con un aumento sostenido año tras año: 297 en 2023, 419 en 2024 y 186 en la primera mitad de 2025.
El proyecto, dirigido por un equipo multidisciplinario de la Universidad Nacional de Córdoba, busca consolidar un observatorio permanente de conflictividad que permita leer tendencias, tensiones y transformaciones en el mundo del trabajo.
Desde esta perspectiva, los investigadores destacan que el conflicto social “expone disputas por recursos y distribución”, ofreciendo una radiografía útil para comprender la estructura productiva y las dinámicas laborales de la provincia.
El Estado, principal foco de tensión
Según el informe, el sector público concentra el 59% de los conflictos (532 casos), seguido por los ámbitos mixtos (17%) y finalmente por el sector privado (10,8%). En el corazón del sector estatal, la educación aparece como el espacio más convulsionado, con protestas en niveles municipal, provincial y universitario.
Las paritarias públicas continúan siendo el núcleo de las tensiones: representan el 60% de las acciones conflictivas. Se reiteran cada inicio de año y suelen recrudecer entre septiembre y octubre.
El estudio también destaca el rol de los sectores de salud y educación, altamente feminizados, donde se observa un dinamismo particular: cuestionamientos a representaciones sindicales tradicionales, aparición de gremios alternativos y autoconvocatorias.
Reclamos por crisis y falta de respuestas
Los conflictos derivados de despidos, suspensiones, rebajas salariales o pagos adeudados representaron un 27% del total. La tendencia fue ascendente: del 23% en 2023 al 30% en 2024. En 2025, el indicador ya alcanzaba el 24% a mitad de año.
Un dato alarmante atraviesa todo el relevamiento: el 91% de los reclamos no obtuvo respuesta de la patronal ni del Estado, y apenas el 9% derivó en alguna forma de negociación.
En el sector privado, sobresalen los conflictos por “lugar de trabajo”, especialmente vinculados a despidos. Allí, señalan los especialistas, entran en juego factores como el poder sindical, la fortaleza empresarial y las políticas laborales provinciales.
Cómo se protesta
Las acciones directas, aquellas que requieren la presencia física de los trabajadores, constituyen el 58% de las medidas. Dentro de ellas, los paros ocupan un 27%. Las acciones indirectas, destinadas a visibilizar los conflictos mediante denuncias o manifestaciones públicas, completan el 42%.
La participación masiva también marca una constante: el 57% de las medidas involucran a todos los trabajadores, mientras que un 28% queda en manos de dirigencias sindicales. Las acciones de trabajadores autoconvocados representan el 7%.
Políticas de empleo: alcance y límites
El estudio también analizó 18 políticas provinciales de promoción laboral entre 2022 y 2024, que alcanzaron a 44.500 personas, pero sin evidencia de impacto en la generación real de empleo. Programas como PPP, Por Mí, PIP o PIL aparecen como herramientas extendidas, pero con incentivos deteriorados por la inflación y beneficios que también alcanzan al sector empresarial, mano de obra subsidiada y exenciones fiscales.
Los investigadores advierten la ausencia de mecanismos de evaluación y seguimiento, salvo en el caso del PPP, y señalan que el enfoque gubernamental recae en mejorar la “empleabilidad”, sin considerar en profundidad las condiciones de demanda laboral, como inversión, capacidad instalada o competitividad.
Un mapa que redefine la relación capital–trabajo
Para el equipo de la UNC, analizar la conflictividad permite evaluar la correlación de fuerzas entre sectores y entender las transformaciones del mundo laboral en Córdoba. Si bien el sector público emplea menos personas que el privado, protagoniza muchos más conflictos, en parte porque sus paritarias se negocian dentro de la provincia, mientras que la mayoría de los gremios privados dependen de instancias nacionales.
En un escenario marcado por tensiones económicas, pérdida de poder adquisitivo y enfrentamientos institucionales, el informe aporta una lectura estructural: la conflictividad no solo describe un presente convulsionado, sino que ayuda a anticipar los desafíos del trabajo y la distribución de recursos en Córdoba.
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