Las objeciones planteadas durante las sesiones de las Auditorias Publicas, incluidas las de figuras políticas y científicas, no alteraron la estrategia parlamentaria para lograr dictamen favorable y la búsqueda de respaldo entre gobernadores provinciales sobre la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial (Expediente 0072-S-2025).
Las jornadas de las audiencias públicas mantuvo la misma dinámica, con la mayoría de la gente reiterando su rechazo a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Además, señalaron que la exclusión del 99,5% de los inscriptos evidencia la nulidad de las audiencias, por lo que se reservaban la posibilidad de recurrir a la vía judicial. Los asistentes, que previamente habían manifestado no conocer los criterios de selección, cuestión que tampoco fue explicada por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, Juan Peluc y Nicolás Mayoraz, insistieron en sus críticas.
Tras una jornada presencial marcada por la tensión y cruces entre participantes y diputadas de La Libertad Avanza, que se burlaban de sus argumentos, el encuentro virtual exhibió un clima totalmente diferente. La modalidad a distancia, impuesta por el oficialismo, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. El bloque gobernante, convencido de que cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo del PRO y la Union Cívica Radical (UCR).
Estas audiencias se lograron a partir del reclamo de las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentinas que exigieron a la Cámara de Diputados una instancia participativa, de información, pública y federal para que el proceso legislativo no fuera un mero trámite.
La ley, aprobada en 2010 establece que, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se debe llevar un inventario de los glaciares en territorio argentino. Actualmente, están contabilizados 16 mil glaciares y ambientes periglaciares sobre los que no puede desarrollarse actividad minera e
hidrocarburífera.
Esto corresponde apenas al 0,21 por ciento del territorio continental argentino, es decir, los desarrollos privados tienen el 99 restante para la explotación. Pero pareciera no ser suficiente: Lo que quiere cambiar el gobierno es reemplazar esa mirada científica para que cada provincia pueda, mediante simple resolución de funcionarios de no se sabe el nivel de capacidad con el que cuentan decidir qué tal glaciar o tal ambiente perigracial no tenga
protección. Por lo que sucedió en las audiencias publica, creo que ese es el eje.
Como Técnico Superior en Gestión Ambiental, soy un convencido de que se debe avanza en un futuro guiado por la tecnología basadas en el medio ambiente, invertir en cobre y en litio trasciende los retornos financieros, alineándose con la sostenibilidad y la salud de la naturaleza.
Estos metales son importantes en el desarrollo de tecnologías limpias que protegen al planeta, asegurando beneficios mutuos para la humanidad y para el medio ambiente.
A medida que estos minerales impulsan tecnologías limpias como como vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, la inversión apoya un planeta mas limpio. Permite un futuro donde la innovación y la sustentabilidad prosperan juntos.
La minería debe enfrentar cambios profundos, desde el aumento de los costos eléctricos hasta la presión por reducir las emisiones y mejorar la sostenibilidad, respetar las normativas y leyes para evitar el daño a glaciares evitando la contaminación de los cuerpos de agua que afecte a la población aborigen y local. NO en la minería
¨tradicional¨… NUNCA en la tradicional.
Como Técnico Superior en Comunicación Social considero que una de las principales barreras es la escasez de periodistas especializados en temas ambientales. En la mayoría de las redacciones, el tema es abordado esporádicamente por reporteros generalistas, quienes carecen de la formación adecuada para interpretar informes técnicos o evaluar políticas públicas. Esto limita la capacidad de transmitir información precisa.
El futuro dependerá de la capacidad de integrar la agenda ambiental en la vida cotidiana de las redacciones, los responsables de la toma de decisiones y la sociedad civil. A pesar de los desafíos, invertir en periodismo especializado y valorar el conocimiento local puede contribuir a construir narrativas más cercanas a la realidad y, sobre todo, más eficaces.
Cristián Frers -Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).
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