El ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio tras ser procesado en la causa por presuntas irregularidades en el sistema de seguros del Estado durante su gestión. A través de un comunicado en redes sociales, cuestionó con dureza la resolución del juez federal Sebastián Casanello, a quien acusó de “forzar la interpretación de pruebas” con el objetivo de mantenerlo “arbitrariamente ligado al proceso”.
“La Justicia Federal ha decidido procesarme sin pruebas concluyentes. Como alguien que cree en la república, seguiré esperando que algún día cumpla su función de impartir justicia y deje de perseguirme por ser peronista”, expresó el ex mandatario.
Fernández fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y se le impuso un embargo por más de 14 millones de pesos. La decisión también alcanza al empresario Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente, y a su esposa María Cantero, histórica secretaria de Fernández.
Según el fallo, durante su gobierno se habrían realizado contrataciones de seguros a través del Banco Nación, utilizando como intermediarios a brokers vinculados a su entorno. El juez considera que hubo irregularidades en esas operaciones, lo que dio origen a la causa.
El ex presidente se defendió señalando que no se le imputa haber firmado un decreto ilegal, sino que ahora se lo acusa de no haber advertido un supuesto conflicto de interés al designar como secretaria a la esposa de un productor de seguros. “Esta interpretación es forzada e infundada”, remarcó.
Por su parte, su equipo legal anunció que apelará el procesamiento ante la Cámara de Apelaciones, al considerar la resolución “arbitraria, prematura e infundada”. Según el comunicado de la defensa, el juez Casanello “ya tenía tomada su decisión antes de escuchar la declaración del ex mandatario”, y no incorporó ninguna de las pruebas ofrecidas por Fernández para esclarecer los hechos.
Desde el entorno del ex jefe de Estado aseguran que la investigación se centra más en su figura política que en los elementos objetivos del expediente, y apuntan a una “presión mediática” sobre el proceso judicial. La causa ahora queda en manos de la Cámara, que deberá definir si confirma o revoca el procesamiento.
