Ariel García Furfaro, empresario detenido y titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., apeló su procesamiento en la causa por el fentanilo contaminado, un caso que conmociona al país por haber causado al menos 124 muertes.
El recurso, de más de 100 páginas, fue presentado ante la Justicia Federal y al que accedió Noticias Argentinas. En él, la defensa de García Furfaro, a cargo del abogado Gastón Marano, solicita revocar el procesamiento dictado por el juez Ernesto Kreplak, anular la indagatoria y reducir lo que consideran un embargo “desproporcionado e inmotivado”.
En su fallo, el magistrado había señalado al empresario como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales”, vinculándolo además con 20 muertes directas y la fabricación y distribución del lote 31202, correspondiente al opioide destinado a uso hospitalario.
Según la investigación, las adulteraciones habrían ocurrido durante un proceso de producción con múltiples fallas y alertas ignoradas, lo que derivó en la contaminación del fentanilo con una bacteria multirresistente.
La defensa, sin embargo, cuestionó duramente los fundamentos del procesamiento. Marano sostuvo que “no se determinó con precisión el hecho atribuido ni el aporte causal individual”, lo que, según su planteo, viola las garantías constitucionales.
“El Estado no puede acusar sobre la base de elementos probatorios que sólo generan sospecha. Sin un hecho individualizado ni un nexo causal concreto, el procesamiento carece de base fáctica suficiente”, argumentó el abogado.
El escrito también pone en duda la hipótesis de contaminación dentro del laboratorio: “No se explica cómo una bacteria propia del ámbito hospitalario logró infiltrarse en una planta equipada con tecnología de última generación y múltiples salvaguardas de control. Esto resulta inexcusable”, subrayó Marano.
Entre los ejes centrales de la apelación se destacan las críticas a la imputación genérica, la falta de individualización de responsabilidades, las falencias investigativas y la ausencia de análisis de informes técnicos.
La defensa concluyó que el juez Kreplak incumplió principios procesales básicos del Código Procesal Penal de la Nación, así como criterios establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras tanto, García Furfaro permanece detenido con prisión preventiva, al igual que otros 16 miembros de sus laboratorios, acusados de haber participado en las decisiones que derivaron en uno de los escándalos sanitarios más graves de los últimos años.
