La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció que un fallo judicial habilitó al Ministerio de Capital Humano de la Nación a dar de baja el programa «Volver al Trabajo» (VAT) a partir de agosto de 2026. La resolución de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín suspende una medida cautelar previa y autoriza el reemplazo de la asistencia estatal por un nuevo esquema de capacitación. El gremio advirtió que la decisión judicial interrumpe el ingreso mensual complementario de unas 900.000 personas.
La Justicia de San Martín avaló el planteo de Capital Humano
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los magistrados Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, revocó la medida cautelar que impedía la interrupción de las transferencias. Los jueces validaron el argumento de la cartera nacional al señalar que el beneficio contemplaba un vencimiento máximo de 24 meses. El tribunal autorizó que las prestaciones vigentes se reconviertan en el nuevo programa denominado “Formando Capital Humano”.
La resolución judicial permite sustituir los pagos directos a las cuentas de los beneficiarios por un sistema de vouchers de capacitación individual. Hasta el momento, cada una de las personas empadronadas recibía un monto mensual congelado de $78.000, cifra que no registraba actualizaciones desde el año 2023.
La conducción de la UTEP rechazó la argumentación jurídica de la Cámara de San Martín a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. Desde la organización social sostienen que la decisión oficial «priorizó la burocracia de las políticas públicas» y acusaron a los magistrados de ignorar el impacto en la subsistencia alimentaria de las familias vulnerables.
Los movimientos sociales anuncian protestas nacionales
La respuesta de los sectores de la economía popular se traducirá en un plan de lucha con movilizaciones callejeras durante las próximas semanas. La baja del programa impactará directamente en los sectores informales que utilizaban este cobro estatal para complementar sus actividades diarias de autosustento.
«Este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios», señalaron desde la UTEP en la comunicación oficial. La entidad remarcó que categorizar este ingreso de asistencia como una mera asignación no remunerativa por formación representa «una desconexión total con la realidad social».
El secretario general de la organización social, Alejandro Gramajo, confirmó que acompañarán el próximo 22 de julio a las agrupaciones de jubilados en su marcha de protesta hacia el Congreso de la Nación. El referente gremial anticipó la preparación de otras acciones callejeras para visibilizar las necesidades del sector frente a las medidas aplicadas por el Gobierno de Javier Milei.
“El 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, detalló Gramajo respecto a la movilización patronal de San Cayetano. En paralelo, la UTEP planifica coordinar junto a la CGT y ambas CTA una marcha nacional frente al Ministerio de Economía, aunque la fecha de esa convocatoria todavía no fue confirmada de manera oficial.
