A través del decreto 351/2025, el Gobierno nacional oficializó la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La decisión, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, generó críticas por parte de referentes de la oposición, que cuestionan los posibles impactos sobre la autonomía del organismo.
El Ejecutivo argumentó que el cambio busca “fortalecer las capacidades institucionales del BNDG” y dotarlo de una estructura que le permita operar con mayor agilidad dentro del marco de la administración pública. En ese sentido, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que un organismo desconcentrado “mantiene su independencia funcional”, pero utiliza recursos administrativos centralizados, lo cual, según dijo, “permite importantes ahorros sin afectar sus funciones”.
Fundado en 1987, el BNDG desempeña un rol central en la identificación genética de personas, en especial en el marco de investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Su labor ha sido esencial en la restitución de identidad de 138 personas apropiadas ilegalmente al nacer, en colaboración con Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos.
El decreto instruye a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a reglamentar la nueva estructura funcional del banco en un plazo no mayor a 90 días, con el objetivo de fomentar el desarrollo de tecnologías en genética forense y bioinformática.
Desde la oposición, el senador Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria) expresó un fuerte rechazo a la medida, acusando al Gobierno de “complicidad con el robo de bebés”. En sus redes sociales, De Pedro denunció que la iniciativa “pone en riesgo la búsqueda de más de 300 nietos y nietas que aún no han recuperado su identidad”, y calificó la decisión como parte de un accionar negacionista y destructivo hacia una institución reconocida internacionalmente.
La medida reabre el debate sobre el papel del Estado en las políticas de memoria, verdad y justicia, y plantea interrogantes sobre el futuro de organismos clave en la preservación de los derechos humanos en Argentina.
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