La efeméride no nació de manera azarosa. El 7 de mayo fue elegido por los propios trabajadores del sector para homenajear a quien impulsó la organización del gremio: María Eva Duarte de Perón, en cuyo natalicio se conmemora la firma del primer convenio colectivo de trabajo que reguló la actividad, logrado en 1950 con la fundación del Sindicato de Taxistas Argentinos en Puerto Nuevo, Ciudad de Buenos Aires.
Años más tarde, en 1989, el Estado oficializó la fecha mediante la Resolución N° 67/1989, consolidando así el reconocimiento institucional a un oficio que, con el tiempo, se volvió pieza fundamental de la vida urbana argentina.
Como símbolo de esa identidad, Argentina instaló el primer monumento al taxista del mundo, una obra del artista Fernando Pugliese que toma como figura central al histórico Siam Di Tella, el automóvil que durante décadas simbolizó al taxi argentino.
Hoy, sin embargo, el festejo llega cargado de tensión. Lejos de la nostalgia del Siam Di Tella y de los logros sindicales del siglo pasado, los taxistas cordobeses enfrentan un presente signado por la pérdida de ingresos, la competencia desigual y la incertidumbre regulatoria.
Un sector al límite
El representante del Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba, Miguel Arias, describió con crudeza la situación: «La ciudad es tierra de nadie. Nos prometieron, tanto el gobernador como el intendente, cuidar nuestra actividad y proteger el transporte legal, pero están mirando para otro lado». Arias advirtió que el sector está «prácticamente desocupado» y que los pasajeros eligen las opciones más económicas que ofrecen las plataformas digitales.
Los números reflejan esa caída libre. El dirigente gremial estimó que actualmente operan entre 10.000 y 12.000 vehículos de aplicaciones en la ciudad, mientras que las tarifas de los taxis acumulan un retraso de alrededor del 70%. Una combinación explosiva: más competencia, tarifas congeladas y costos operativos que no dejan de subir.
La situación se volvió tan acuciante que el propio titular de la Asociación de Permisionarios de Taxis, Jorge Montes, reconoció con resignación que la crisis empujó a muchos taxistas a trabajar con las mismas aplicaciones que rechazan públicamente: «Al pan hay que llevarlo de alguna forma y hay que aceptarlo aunque no nos guste».
De la prohibición a la regulación de las apps de transporte
Durante años, Uber, DiDi y Cabify operaron en Córdoba en un limbo jurídico. La Municipalidad de Córdoba las consideraba ilegales, intensificaba los controles e incluso propuso el desarrollo de una plataforma propia para que los taxistas pudieran competir sin volcarse a la informalidad.
El punto de quiebre llegó en abril de 2025, cuando un fallo judicial habilitó provisionalmente a Uber en la ciudad, lo que desató una ola de protestas del Sindicato de Peones de Taxis y la Asociación de Permisionarios, que marcharon hasta la Municipalidad exigiendo ser recibidos por el intendente Daniel Passerini.
Meses después, el debate llegó al Concejo Deliberante. En agosto de 2025, el cuerpo legislativo aprobó por 28 votos a favor, dos en contra y una abstención la Ordenanza N° 13.549, que creó un marco regulatorio para las plataformas de transporte bajo la figura de «Servicio Privado de Interés Público de Transporte a través de Plataformas Electrónicas».
La norma establece un período de transición de seis meses sin sanciones para que las plataformas y conductores regularicen su situación, y exige a las empresas inscribirse en registros impositivos, presentar estatutos, constituir domicilio legal en Córdoba y contratar seguros específicos. El texto también prevé sanciones económicas e inhabilitaciones para quienes incumplan los requisitos.
Sin embargo, la ordenanza no cerró el conflicto; apenas lo reformateó. Con el Registro Digital Municipal ya habilitado, solo Cabify y una aplicación local completaron el trámite en los primeros días. Uber, la plataforma con mayor penetración en el mercado, emitió un comunicado en el que señaló que varios aspectos del reglamento «plantean preocupaciones operativas y jurídicas», y que estaba evaluando sus próximos pasos.
Ante ese escenario, el Sindicato de Peones de Taxis solicitó a la Municipalidad que impulsara ante la Justicia el bloqueo de Uber y DiDi hasta que regularizaran su situación, argumentando que las plataformas continuaban operando en la ilegalidad sin mostrar intención de cumplir con los plazos fijados.
Un conflicto que excede
La discusión de fondo ya no gira solamente alrededor de una aplicación. Lo que está en juego es el modelo de transporte urbano que Córdoba quiere consolidar en los próximos años.
La Ordenanza 13.549 intentó ordenar un escenario que durante años funcionó en un vacío legal, pero el conflicto permanece abierto. El Estado municipal terminó regulando una actividad que primero se expandió en los hechos y recién después ingresó al marco normativo.
Para los taxistas, el problema no es únicamente tecnológico: sostienen que el mercado quedó desequilibrado porque las plataformas crecieron sin asumir inicialmente los mismos costos ni obligaciones que el sistema formal. Y aunque hoy existe regulación, la fiscalización todavía aparece como insuficiente.
Mientras tanto, los taxistas, con licencias pagas, seguros obligatorios, tarifas reguladas y décadas de historia gremial, festejaron hoy su día con la sensación de que las reglas del juego cambiaron.
La pregunta que el aniversario deja flotando no es si las aplicaciones deben existir o no, sino si una ciudad puede permitirse que quienes sostienen el transporte formal compitan en desigualdad de condiciones indefinidamente. La respuesta, hasta ahora, la está dando el mercado.
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