La investigación por el fentanilo adulterado que desencadenó una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años sumó nuevas pruebas sobre el supuesto rol de organismos estatales en el funcionamiento de los laboratorios involucrados.

La Fiscalía Federal N°1 de La Plata sostiene que existió un “manto de cobertura estatal” que permitió a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., vinculados al empresario Ariel García Furfaro, continuar con su actividad pese a las graves irregularidades detectadas en sus procesos de producción.

El empresario se encuentra detenido y procesado en la causa, mientras que la investigación también alcanzó a exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

En los últimos días fueron detenidas la ex titular de ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y la ex jefa del INAME, Gabriela Mantecon Fumado. Ambas fueron posteriormente excarceladas, aunque continúan bajo investigación judicial por su presunta responsabilidad en los hechos.

Los fiscales María Laura Roteta y Sergio Leonardo Rodríguez plantearon que los laboratorios pertenecientes al grupo familiar de los hermanos García arrastraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, esa situación se habría sostenido durante un período prolongado debido a la existencia de una cobertura estatal que permitió que las empresas mantuvieran su producción en condiciones consideradas deficientes. Para los investigadores, ese escenario terminó derivando en la contaminación del fentanilo elaborado por HLB Pharma.

El rol que se investiga de ANMAT e INAME

La fiscalía sostiene que las exfuncionarias conocían previamente el elevado nivel de riesgo sanitario generado por las condiciones de producción de ambos establecimientos y que, pese a ello, no se implementaron medidas suficientes para evitar que esos riesgos se concretaran.

La acusación apunta a determinar si las decisiones, o la falta de ellas, tomadas desde los organismos de control contribuyeron a que el medicamento contaminado pudiera ser producido, comercializado y posteriormente suministrado a pacientes.

Las pruebas incorporadas al expediente incluyen conversaciones privadas entre Bisio y Mantecon Fumado, documentos oficiales y actuaciones administrativas, elementos que, según los fiscales, permiten reconstruir el conocimiento que tenían las funcionarias sobre las deficiencias existentes.

Uno de los antecedentes centrales de la investigación es una inspección realizada por el INAME en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024. Durante ese procedimiento se detectaron problemas estructurales vinculados tanto con las condiciones de elaboración como con los mecanismos de control y aseguramiento de la calidad.

Pese a esas observaciones, la fiscalía considera que el organismo regulador, que posee facultades de policía sanitaria, no actuó con la rapidez necesaria para impedir que los medicamentos continuaran circulando.

Los lotes contaminados

Entre los productos señalados en la investigación aparecen los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, en los que posteriormente se detectó la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y/o Ralstonia mannitolilytica.

El expediente pone especial énfasis en el tiempo transcurrido hasta la adopción de medidas concretas. Entre los puntos cuestionados figura la demora en la firma de la carta de advertencia mediante la cual finalmente se prohibió la producción de medicamentos en Laboratorios Ramallo.

También se investiga la falta de medidas preventivas sobre los productos que ya habían sido elaborados y que eran comercializados y distribuidos por HLB Pharma.

Para los fiscales, esa demora permitió que medicamentos potencialmente peligrosos permanecieran disponibles y fueran administrados a pacientes.

Una causa que ya suma 90 víctimas fatales

De acuerdo con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, la ausencia de medidas preventivas eficaces permitió que los productos contaminados continuaran en circulación y derivó hasta el momento en 90 personas fallecidas y más de 40 lesionadas.

La causa busca establecer no solo las responsabilidades de los responsables directos de los laboratorios, sino también si existieron omisiones, decisiones administrativas o mecanismos de protección desde organismos estatales que facilitaron la continuidad de las actividades pese a las advertencias y deficiencias previamente detectadas.

La investigación continúa en manos de la Justicia Federal y las exfuncionarias permanecen imputadas mientras se profundiza el análisis de la documentación, las comunicaciones y las actuaciones de los organismos de control.