El Gobierno nacional solicitó a la Justicia de los Estados Unidos la suspensión del proceso de búsqueda de activos embargables en el marco del litigio por la estatización de YPF, al considerar que el mecanismo de discovery ordenado por el tribunal se desvirtuó y se transformó en una herramienta de presión contra la Argentina.
El pedido fue presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación del Estado argentino, ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, e incluye también el rechazo al reclamo de desacato impulsado por los demandantes.
El planteo ante la Justicia estadounidense
Según el escrito oficial, el discovery excedió su finalidad original y derivó en solicitudes “intrusivas, desproporcionadas y desvinculadas de cualquier perspectiva realista de ejecución”. Desde el Gobierno sostienen que este avance afecta de manera directa la soberanía nacional y las relaciones internacionales.
La Procuración del Tesoro remarcó que, desde la asunción del actual gobierno en diciembre de 2023, la Argentina cumplió plenamente con todas las órdenes judiciales, entregando más de 115.000 páginas de documentación, en lo que definió como un esfuerzo “sin precedentes”.
Pese a ese volumen de información, el Estado subrayó que los demandantes no lograron identificar un solo activo embargable, lo que refuerza, a criterio oficial, la necesidad de suspender el proceso.
El foco en el oro del Banco Central
Uno de los puntos más sensibles del planteo es el rechazo a los pedidos de información sobre las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El Gobierno sostuvo que esos activos están protegidos por la inmunidad de ejecución y, por lo tanto, no pueden ser embargados.
En ese marco, la Procuración acusó a Burford Capital, principal beneficiario del fallo, de escalar la presión judicial al solicitar datos sobre el oro del BCRA y al impulsar una moción de desacato. Para el Estado argentino, esos requerimientos son “manifiestamente improcedentes” y buscan entorpecer el normal funcionamiento del país.
Impacto para la Argentina
El Gobierno advirtió que la judicialización sobre activos estratégicos, como las reservas internacionales, introduce ruido financiero, complica el acceso al crédito y afecta la previsibilidad económica, en un contexto en el que la Argentina busca estabilizar su frente macroeconómico.
Por último, el Estado reafirmó que continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance para frenar pedidos que considera ilegítimos y para defender la soberanía, mientras se resuelven las apelaciones pendientes en la causa por YPF.
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