Más de 4.000 niños, niñas y adolescentes estuvieron en conflicto con la ley penal en la Argentina durante 2024, de acuerdo con el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Los datos se conocieron en un contexto marcado por la discusión pública y legislativa sobre la posible baja de la edad de imputabilidad y el ingreso del proyecto correspondiente al Congreso.
Según el relevamiento, al 31 de diciembre de 2024 había 4.119 jóvenes incluidos en el sistema penal juvenil. De ese total, 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio, mientras que 865 estaban alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad. Además, se registraron cuatro casos de prisión domiciliaria y una situación sin información precisa sobre la modalidad de abordaje.
El informe destaca que ocho de cada diez adolescentes contaban con medidas judiciales que no implicaban encierro, sino programas de acompañamiento, supervisión y abordaje en el marco de redes sociocomunitarias. Si bien los indicadores generales muestran una tendencia descendente respecto de años anteriores, se observó una leve suba en la cantidad de jóvenes privados de la libertad.
A nivel nacional, el Sistema Penal Juvenil dispuso de 174 dispositivos: 75 destinados a la aplicación de medidas en territorio y 99 vinculados a situaciones de encierro. Dentro de este último grupo, 63 correspondieron a privación de la libertad, 27 a restricción y nueve a dispositivos de aprehensión especializada.
En cuanto a los delitos imputados, el informe señala que predominan los hechos contra la propiedad, que representan el 57,1% del total. Les siguen los delitos contra las personas (13,9%) y los vinculados a la integridad sexual (7,5%).
Uno de los puntos de mayor preocupación es la presencia de menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. En 2024 se registraron 48 adolescentes de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 se encontraban en lugares de encierro.
Según la normativa vigente, que fija la edad de imputabilidad a partir de los 16 años, estos jóvenes son considerados no punibles y deberían ser abordados por el sistema de protección integral de derechos y no por el sistema penal.
La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes alojados en dispositivos de privación de la libertad cada 100.000 habitantes. Las jurisdicciones de Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superaron ampliamente ese promedio, y las dos primeras concentraron el 75% de los casos.
Por último, el informe indica que más del 60% de los jóvenes privados de la libertad tenía entre 16 y 17 años, y que más del 30% continuaba cumpliendo medidas de encierro incluso después de haber alcanzado la mayoría de edad. Estas cifras reavivan el debate sobre el funcionamiento del sistema penal juvenil y las políticas públicas destinadas a la niñez y adolescencia en conflicto con la ley.
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