Más del 60 por ciento de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, con un alto riesgo de siniestralidad vial, según un informe elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina). El relevamiento alerta sobre el impacto del deterioro de la infraestructura, la ausencia de tareas de mantenimiento y la falta de datos oficiales actualizados.
El documento se apoya en las últimas cifras publicadas por Vialidad Nacional y en proyecciones realizadas por trabajadores del organismo a partir del seguimiento cotidiano de las rutas. La situación se vincula a la parálisis de la obra pública, el recorte presupuestario, la reducción de personal y los desvíos de fondos del Impuesto a los Combustibles.
El último Informe Anual de Evaluación del Estado de Pavimentos 2023–2024, difundido en diciembre de 2024, analizó solo el 48,1% de la Red Vial Nacional, que abarca cerca de 41 mil kilómetros. En ese universo, el 47,5% de las rutas estaba en buen estado, el 23,9% en estado regular y el 29% en mal estado.
A partir de esos datos y del deterioro registrado desde mediados de 2024, Fepevina proyecta que actualmente entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentra en condiciones regulares a malas. El informe señala que durante ese período no se realizaron tareas sistemáticas de mantenimiento, lo que aceleró el desgaste de las calzadas.
Tramos críticos en distintas regiones
El relevamiento identifica corredores clave con deterioro severo en todo el país. Entre ellos, rutas estratégicas para el transporte de cargas, el turismo y el comercio exterior, con problemas como baches profundos, ahuellamiento, banquinas descalzadas, falta de señalización e iluminación.
En provincias del centro y sur del país, el litoral, Buenos Aires y el noroeste argentino, se reportan tramos donde el bacheo ya no resulta efectivo y se requiere reconstrucción total de la calzada para reducir riesgos.
El informe advierte que el mal estado de las rutas incrementa la probabilidad de siniestros graves, debido a la pérdida de control de los vehículos y a la falta de infraestructura de seguridad, como defensas en puentes y señalización adecuada.
Las estadísticas oficiales de siniestralidad también presentan retrasos. El último informe preliminar de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), publicado en marzo de 2025, registró 3.894 víctimas fatales en rutas nacionales durante 2024. Desde entonces, no se difundieron nuevos datos a nivel nacional.
Costos económicos para el Estado
Además del impacto humano, el deterioro vial genera un alto costo económico. Según Fepevina, cada siniestro vial representa en promedio más de 62 mil dólares por víctima, considerando atención sanitaria, intervenciones policiales y judiciales. En términos macroeconómicos, la siniestralidad vial equivale al 1,4% del PBI.
El informe remarca que postergar el mantenimiento encarece las soluciones futuras: por cada peso no invertido a tiempo, el Estado deberá gastar entre tres y cinco veces más en obras de rehabilitación.
Durante 2025, el presupuesto destinado al mantenimiento y rehabilitación de rutas registró una subejecución del 40%, según el documento gremial. En paralelo, aumentó la participación del presupuesto para la construcción de autopistas, en un contexto de avance de concesiones viales y aumentos de peajes.
Fepevina advierte que las licitaciones se concentran en corredores de alto tránsito, mientras que las rutas secundarias quedarían sin intervención, profundizando las desigualdades en la red vial nacional.
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