La violencia vicaria volvió a instalarse en la agenda pública y legislativa argentina a partir del reclamo de organizaciones que exigen una ley específica para abordar una modalidad de violencia en la que el agresor busca provocar daño a una mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos e hijas.
Actualmente, esta conducta no cuenta con una tipificación propia dentro del Código Penal, mientras que distintos proyectos destinados a establecer un marco legal específico se encuentran en debate en la Cámara de Diputados de la Nación.
El tema cobró especial relevancia al cumplirse un año del crimen de Joaquín Ruffo, un niño de ocho años asesinado por su padre, Alejandro Ruffo, quien posteriormente se quitó la vida en prisión. Según se informó en el marco de la causa, el hombre había reconocido que cometió el crimen con la intención de enviarle un mensaje a la madre del niño, Natalia Ciak, luego de que ella le comunicara su decisión de divorciarse.
A partir de este aniversario, organizaciones vinculadas a la problemática realizaron movilizaciones en distintos puntos del país para reclamar la aprobación de la denominada “Ley Joaquín” y visibilizar una modalidad de violencia que, según advierten, puede utilizar a los hijos como herramienta para ejercer daño psicológico sobre las madres.
“Madres desesperadas” y niños separados
Desde el Frente Nacional contra Violencia Vicaria Argentina definieron esta problemática como una forma de violencia cuyo objetivo es continuar dañando a una mujer mediante las personas que son importantes para ella, especialmente sus hijos e hijas.
La organización puso el foco en la situación de “madres desesperadas” y de niños y niñas que, según plantea, quedan separados de sus figuras de apego en medio de decisiones judiciales o familiares que no siempre contemplan su voz ni el impacto que esas situaciones tienen sobre ellos.
“Creíamos que eran casos aislados, pero los mensajes siguieron llegando. Desde cada rincón del país”, señalaron desde la organización, al remarcar que detrás de cada caso existe una historia concreta.
Para las entidades que reclaman una legislación específica, reconocer las particularidades de esta modalidad resulta fundamental para poder intervenir de manera temprana y evitar que las consecuencias se profundicen.
Los datos de violencia doméstica
Aunque la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no cuenta con un registro específico sobre violencia vicaria, sus estadísticas permiten dimensionar distintas situaciones de violencia doméstica que afectan a niñas, niños y adolescentes.
Durante 2025, la OVD registró 4.207 situaciones evaluadas por sus equipos interdisciplinarios que involucraron a menores de edad. En el 81% de esos casos existía un vínculo filial entre las personas afectadas y las denunciadas.
El organismo también contabilizó 87 niñas, niños y adolescentes señalados como sujetos activos de violencia en las presentaciones realizadas durante ese período. La cifra representó el 0,84% de las 10.280 personas denunciadas ante la OVD.
Los casos correspondieron a adolescentes de entre 13 y 17 años y, en su mayoría, fueron varones, que representaron el 72% del total.
Dentro de esas presentaciones, el 34% estuvo relacionado con situaciones de violencia física o sexual en vínculos de noviazgo, principalmente entre adolescentes. Otro 33% correspondió a hechos asociados con consumo problemático de sustancias o problemáticas de salud mental; el 18% estuvo vinculado con otras situaciones de violencia familiar y el 15% restante con conductas que afectaban la integridad sexual de otros niños, niñas y adolescentes.
En los casos vinculados con relaciones de noviazgo, seis de cada diez presentaciones fueron realizadas por terceras personas, principalmente madres o padres de los adolescentes afectados.
Por otra parte, las situaciones relacionadas con consumo problemático de sustancias o problemas de salud mental fueron denunciadas principalmente por familiares convivientes, en su mayoría madres. En ocho de cada diez de esos casos se solicitó internación y/o tratamiento.
El debate por una ley específica
Las organizaciones que impulsan una legislación propia sostienen que no todas las formas de violencia tienen las mismas características y que identificarlas correctamente permite diseñar mejores mecanismos de prevención y asistencia.
En ese sentido, remarcan que reconocer la violencia vicaria no implica dividir la problemática, sino generar herramientas para comprenderla y actuar de manera oportuna frente a sus consecuencias.
Los proyectos que buscan abordar esta modalidad se encuentran actualmente en debate en comisiones de la Cámara de Diputados, luego de que comenzaran las reuniones informativas en un plenario. Hasta el momento, ninguna de las iniciativas obtuvo sanción definitiva.
Las propuestas analizadas apuntan a incorporar herramientas específicas para detectar y abordar este tipo de violencia y establecer mecanismos de protección para las mujeres, niños, niñas y adolescentes involucrados.
El reclamo de las organizaciones apunta, en definitiva, a que estas situaciones sean reconocidas dentro del ámbito legal y judicial y no sean abordadas exclusivamente como conflictos entre adultos.
Para quienes impulsan la normativa, identificar correctamente las distintas formas de violencia puede resultar determinante para prevenir nuevos daños y proteger a las infancias. “La conversación nunca debería centrarse en proteger reputaciones, sino en prevenir, reconocer y erradicar la violencia”, sostuvieron desde el Frente Nacional contra Violencia Vicaria Argentina.
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