Luego de que se conociera la segunda muerte de una interna en la cárcel de Mujeres de Bouwer en menos de 30 días, y tras la intervención de la institución por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, la Coordinadora Anticarcelaria Córdoba emitió un comunicado denunciando torturas psicofísicas y discriminación en la penitenciaría.
El documento contó con numerosas adhesiones, entre las que destacan Correpi, el Núcleo de antropología, violencia, muerte y política del Museo de Antropología de la UNC, Ammar y Colectivo de Educadorxs desde el Sur y la agrupación docente María Saleme.
“En lo que va del año 2019, al menos dos mujeres perdieron su vida en la cárcel de Bouwer, como consecuencia directa de las medidas de tortura que allí se llevan a cabo, con total impunidad. Algunos de los dispositivos de castigo y tortura que sufren quienes están presas son el hostigamiento psicológico cotidiano, la negación de atención médica y la sobremedicación como forma de control”, indica el comunicado.
Además, la organización denuncia que se dan mecanismos de tortura, tales como la sujeción de las reclusas a las camas, atándolas de “manos, pies, y a veces cabeza y torso, anulando así por completo sus acciones” y el “aislamiento dentro del aislamiento” que consiste en “obligarlas a permanecer por tiempo indeterminado en celdas totalmente cerradas, con salidas de tan solo una hora al día para higiene personal”.
En tanto, se dan procesos restrictivos de visita, a partir de los cuales se ponen obstáculos para que las presas vean a sus familiares, tales como la exigencia de que los visitantes sean familiares directos y no tener antecedentes penales para ingresar a la penitenciaría. Sumado a ello, la Anticarcelaria denuncia que “los días de visita cambian semana a semana, como así también los objetos y alimentos que pueden ingresar, y usan como castigo los traslados de las presas sin previo aviso, sin tener en cuenta que el costo del transporte es altísimo. Tampoco se contempla el tiempo que requiere llegar hasta la cárcel, ni el de espera para ingresar al salón”.
El documento también hace hincapié en la “lesbofobia” del Servicio Penitenciario de Córdoba y la falta de respeto a la autopercepción de género de las internas a la hora de hacer las requisas.
