La Justicia penal de La Plata rechazó ayer los pedidos de excarcelación de los 12 efectivos de la policía bonaerense y el secretario de Seguridad de la comuna de San Miguel del Monte, detenidos por la muerte de los cuatro adolescentes ocurrida hace 15 días. Cuatro de los uniformados detenidos están imputados por el homicidio de Camila López (13 años), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22) y el intento de homicidio de Roció Guagliarello (13), la única sobreviviente del choque del Fiat 147.
Al resto de los sospechosos los acusan de encubrir la persecución de la madrugada del lunes 20 de mayo como un accidente de tránsito. La medida la adoptó la jueza platense Marcela Garmendia, y tras firmar la resolución, dejó las actuaciones en manos de su colega Eduardo Silva Pelozi, ya que al momento del hecho ella lo estaba subrogando.
Fuentes judiciales informaron que, a partir de la decisión de la magistrada, los 13 acusados seguirán detenidos en la causa que instruye el fiscal de Cañuelas, Lisandro Damonte. Con respecto al estado de Rocío, el parte médico del martes informó que comenzó a respirar “espontáneamente” y está “consciente”, mientras permanece internada en la terapia intensiva del Hospital El Cruce de la localidad de Florencio Varela.
“Rocío está consciente siendo sus respuestas acordes a las formulaciones realizadas”, indicaron desde el centro médico, que “trabaja en forma permanente con la paciente y su familia”.
La noche de la persecución, los cinco chicos iban a bordo de un Fiat 147 que chocó contra el acoplado de un camión en la ruta 3, en San Miguel del Monte. Al momento de la colisión, las víctimas eran perseguidas a los tiros por al menos un patrullero de dicha ciudad.
Las autopsias revelaron luego que si bien cuatro de los cinco murieron a raíz de las lesiones producidas por el impacto, uno de las víctimas también tenía una herida de bala en un glúteo.
El episodio derivó en un descabezamiento de la cúpula policial local y en una serie de marchas de familiares, amigos y vecinos de las víctimas, apoyados por distintas organizaciones sociales y políticas, que denunciaron que se trató de un caso de “gatillo fácil”.
Según un testigo de identidad reservada, que se presentó a declarar ante la justicia, la persecución se habría desencadenado porque los chicos observaron cómo los policías estaban “vendiendo drogas”.
