El nuevo fallo de la sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, que el miércoles agravó las penas dictadas en 2016 en la causa del Narcoescándalo, sacudió ayer el escenario político y judicial de Córdoba.
Por un lado, el fiscal federal Enrique Senestrari salió a celebrar el fallo al considerar que dió por probado la existencia de una “asociación ilícita” integrada por ex policías de la desaparecida División de Lucha Contra el Narcotráfico, encabezada por el ex comisario Rafael Sosa. El fiscal que estuvo a cargo de la parte acusatoria de la causa original y luego apeló el fallo del Tribunal Oral Federal número 2 (Tof2), que en 2016 emitió condenas leves para todos los acusados, destacó que quedó probado que, mediante las maniobras delictivas investigadas, los uniformados buscaban lucro y poder dentro de la fuerza. “La prueba indica que es un grupo de policías que usó su función, organización, distribución de roles y sus jerarquías para cometer delitos”, afirmó Senestrari, que insistió en que “no eran un grupo de policías con exceso de celos: apostamos a lograr esto en el tiempo. Pero recuerdo ahora tener que soportar las presiones que se sufrieron durante esta causa todos estos años”.
El nuevo fallo de la Cámara de Casación Penal elevó la condena contra el ex comisario Sosa a 9 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo por considerarlo autor penalmente responsable del delito asociación ilícita, en calidad de jefe (hecho 1), y coautor del delito de violación de los deberes de funcionario público, cometido en dos oportunidades (hechos 3 y 4). También elevó las condenas dictadas en 2016 por el Tof2 contra los otros acusados, entre ellos el ex jefe de Inteligencia, comisario Gustavo González (recibió cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena) y el ex jefe de una brigada Antidrogas, Alfredo Seine (fue condenado a tres años y medio de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo).
Con esta decisión se produjo un giro radical en la causa, ya que los uniformados habían recibido sentencias excarcelables por el delito de “violación a los deberes de funcionario público” en 2016. El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, integrante del Tof2 que dictó aquella primera sentencia, consideró ayer que “probablemente los abogados recurran a otra instancia”. “Yo veo un funcionamiento adecuado de las instancias de impugnación. Quisiera uno que la decisión hubiese sido más rápida, ya que Casación se tardó tres años (en dictar la nueva sentencia). La sentencia que tomamos en su momento fue unánime. En este caso, fue dividida. Es decir, probablemente los abogados recurran a otra instancia”, anticipó.
Precisamente, el abogado de Sosa, Gustavo Franco, confirmó que presentarán un amparo contra el fallo de la Cámara de Casación al considerar que “técnicamente es cuestionable” y que “el sólo hecho de que haya habido diferencias en las visiones de los jueces” amerita la imposición de un recurso extraordinario.
Massei: ir “hasta las últimas consecuencias”
El ministro de Gobierno Carlos Massei se refirió ayer al nuevo fallo en el marco de la causa del narcoescándalo y pidió “ir hasta las últimas consecuencias”. Al presentar la nueva división de la Policía Científica de la ciudad de San Francisco, Massei se refirió a la ampliación de penas que la Cámara Federal de Casación Penal dictó para los ex policías involucrados en la causa. “Nosotros somos respetuosos de la justicia.
Por tratarse de un tema drogas de la Justicia Federal, no vamos a abrir juicio de valor sobre lo que actúan los jueces. Pero creemos que la justicia tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Y dentro del sistema constitucional y democrático, los defensores harán lo que tengan que hacer”, enfatizó Massei, quien calificó al caso como un “tema muy delicado”. “Ante las denuncias, lo que hizo la Provincia fue ponerse a disposición de la justicia y entregar toda la documentación requería”, argumentó el ministro.
