Integrantes de la Mesa Nacional contra la Violencia Institucional reclamaron por la inacción de la fuerza de la policía ante la denuncia contra un sargento por abusar de su hija de tres años. Adriana Reartes, titular del colectivo, remarcó la que el victimario continúa trabajando en la fuerza mientras que la madre, también policía, fue reubicada en tareas no operativas. A ella la pasan a tareas no operativas porque al denunciarlo por el abuso activan un protocolo que pone a ambos en tareas no operativas, les quitan el arma, cuando es no corresponde porque ella es la denunciante”, afirmó Reartes. Sebastián Castillo, abogado de la denunciante, explicó que la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Alicia Chirino, no incorporó a la prueba la pericia psicológica realizada a la menor.
Nos encontramos en una situación que nos preocupa. Esta persona no está imputada porque falta la prueba central, la pericia psicológica, que ya fue realizada y fue concluyente. Para que la fiscalía impute el delito de abuso sexual, debe ser incorporada y aún no ha ocurrido. La realizamos en diciembre de 2019 y estamos en marzo y el informe no está incorporado en el expediente”, explicó el letrado en declaraciones a Canal 10. Según se indicó, en la denuncia consta que los abusos se llevaron a cabo cuando el padre se hacía cargo de la menor de acuerdo al régimen de visitas. Los hechos fueron escalando en cuanto a la violencia y al día de hoy la menor tiene secuelas”, indicó Castillo. La menor ahora tiene 6 años. Estamos devastados, ni la justicia ni la policía hace nada. Según la denuncia los abusos habrían sucedido en al menos cuatro oportunidades”, explicó Reartes, quien además denunció un contexto en el que se apunta a revictimizar a la víctima”. Tras la denuncia, entra en acción un protocolo pone a ambos en tarea no operativa y les quitan el arma, cuando en realidad a ella no le corresponde porque es la denunciante”, indicó Reartes”. Con este accionar lo que se logra es revictimizar a la víctima”, aseveró.
Se trata del segundo caso de características similares que se denuncia en lo que va del año y que involucra a integrantes de la fuerza. El mes pasado, una mujer denunció abusos sexuales en su contra por parte de su superior, en la localidad de Marcos Juárez. La mujer, de 46 años, debió renunciar por el caso, mientras que el denunciado fue ascendido en la fuerza.
Apelan la libertad de Azar
El fiscal Federal Gustavo Vidal Lascano apeló ayer ante la Cámara Federal para que resuelva la situación del ex juez Miguel Azar y su esposa Maria Isabel Valloni, en la causa por la supuesta financiera ilegal de Villa Belgrano. El recurso fue presentado luego que el juez Federal Alejandro Sánchez Freytes dispuso el mantenimiento de la libertad. Azar es un ex camarista provincial jubilado en 2018 y la señora Valloni es una ex directora de Afip, con vinculaciones con los empleados que deben analizar los informes sobre su accionar en cuentas off shore”, explicó el fiscal a la hora de fundamentar la recusación, que deberá resolverse en las próximas horas.
Por otro lado, la Cámara 8ª del Crimen anticipó que el juicio por el robo y posterior tiroteo ocurrido en Nueva Córdoba en febrero de 2018 finalizaría el próximo 8 de abril. En la jornada de ayer se escucharon las declaraciones de los policías encargados de investigar el episodio y para la próxima semana se especula que se terminará de incorporar la prueba testimonial y documental. Si todo marcha de acuerdo a lo programado, los alegatos se escucharían el viernes 3 de abril y la sentencia el miércoles 8.
