En un fallo celebrado por la comunidad LGTB, el juzgado de Bell Ville ordenó ayer la exclusión del hogar familiar por 60 días de un padre que ejercía violencia psicológica contra su hija trans. En la fundamentación, el juez Eduardo Bruera explicó a los progenitores que los maltratos hacia constituyen un claro caso de violencia familiar y una forma de discriminación”. Además, se designó una abogada para que represente los intereses de la joven.
La decisión se adoptó luego que la adolescente, que vive en un pueblo de la región, denunciara al teléfono 0800–888-9898 que sus padres ejercían violencia psicológica y ambiental” contra ella, porque les provocaba rechazo que se autopercibiera como mujer.
Tras tomar contacto telefónico con personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de la Provincia, la damnificada expresó también como personas que trabajan en las instituciones locales no aceptan su identidad de género y la tratan como varón. Además de la exclusión, Bruera dispuso contra el padre una orden de restricción y una prohibición de comunicación con su hija.
El magistrado señaló que los maltratos y la humillación son tipos de violencia familiar y una forma de discriminación que puede causar daños muy graves” a la integridad de la joven, al tiempo que advirtió a las instituciones locales que el derecho de la adolescente a recibir un trato digno no es una opción que dependa de la apreciación de cada persona, sino que es una obligación institucional”.
Por otro lado, se conoció ayer que municipios de todo el país no dejaron de recibir denuncias y llamadas por casos de violencia de género y familiar desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Según datos oficiales, entre correos y contactos telefónicos superan los 8.600 pedidos de ayuda. Según un informe, del 12 al 18 de marzo último se recibieron 2.863 llamados a la línea 144 de ayuda; y una vez que el gobierno nacional impuso la cuarentena, el número de llamados se incrementó. Los datos incluyen los registros dados a conocer en la víspera en Córdoba, donde se atendieron más de 5.000 llamadas por consultas vinculadas a violencia familiar y de género.