Al impedirnos la participación como querellantes en la causa, se limitan y restringen los derechos de la víctima, entendida con una concepción amplia, como todo el ordenamiento nacional e internacional contemplan”, explicó la abogada Natalia Bilbao.
En tanto, la madre de la joven de 20 años, que habría sido cooptada por un ex funcionario judicial de 53 años, nos preocupa que la Justicia venga dilatando todo. El tiempo que se demore la investigación, es tiempo que ganan los responsables para ocultar pruebas. La vida de mi hija corre peligro y pido que la Justicia actúe con la rapidez necesaria”.