A pedido del fiscal interviniente en la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron nombrados por la Justicia Federal como peritos oficiales para analizar los restos encontrados semienterrados en la localidad bonaerense de Villarino. Por ello, en la tarde de ayer los restos fueron trasladados a la ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo el proceso de identificación del cadáver, diligencia a la que también serán convocados los peritos de la parte querellante.
Las pericias se harán a fin de determinar la identidad, la data, causal y, si es posible, modo de la muerte del cuerpo humano hallado, así como cualquier otro dato de interés que estimaren pertinente señalar los profesionales designados, pudiendo tomar intervención en la medida aludida aquellos peritos especialistas en la materia que a tal efecto designaren las querellas particular e institucional”, precisaron las fuentes.
También se solicitó que el procedimiento sea filmado, que se tomen placas fotográficas y que se autorice la extracción de muestras genéticas para luego remitirlas al Laboratorio de Genética Forense del EAAF y otra de iguales características para el CMF.
En tanto, voceros judiciales explicaron que dicho proceso puede demorar al menos tres semanas, siempre y cuando las muestras que logren extraerse para la elaboración del ADN sean de buena calidad.
En las últimas horas, Cristina Castro, la madre del joven de 22 años desaparecido, fue sometida a análisis para extraerle una muestra de sangre y elaborar su patrón genético, para luego ser comparado por el ADN de los restos hallados.
Una vez que arriben a Buenos Aires, los restos serán trasladados al Laboratorio del EAAF, ubicado en la ex ESMA, donde se estima que el martes comenzarán los exámenes.
La incorporación del EAAF para colaborar con la investigación del caso se dio la semana pasada tras una serie de videollamadas y reuniones virtuales por Zoom entre el fiscal Martínez, el fiscal general adjunto de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) Andrés Heim y los expertos de ese organismo Luis Fondebrider -director ejecutivo y fundador- y Carlos Somigliana –investigador-.
Su colaboración se había solicitado por intermedio del Sistema Federal de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación, y se los tuvo por designados para actuar en el marco de la investigación.