Hoy era el último día que la defensa de los rugbiers acusados de haber asesinado a golpes a Fernando Báez Sosa en enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell tenían de plazo para presentar su oposición a la elevación a juicio requerida el 17 de noviembre por la fiscal de la causa, Verónica Zamboni.
Así fue que en la mañana de hoy, el abogado de los imputados Hugo Tomei presentó su escrito en el que le solicita al juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, la nulidad de la requisitoria fiscal con el argumento de que desde el punto de vista de la defensa no está claro qué hecho le imputa Zamboni a cada uno de sus ocho defendidos.
Además, el abogado le confirmó al magistrado que en caso de ir a juicio, renuncia a la posibilidad de que el debate se haga ante un jurado popular y opta por un tribunal colegiado. La razón de la defensa es que la divulgación reiterada de los elementos de la instrucción, así como las manifestaciones dirigidas hacia los imputados por partes de los abogados de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, impediría que los eventuales integrantes de un jurado lleguen a esa instancia sin prejuicios o preconceptos sobre los hechos.
Los rugbiers detenidos son: Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21). Todos ellos cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».
Cuando la fiscal Zamboni solicitó la elevación a juicio, también pidió el sobreseimiento de Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes se encuentran en libertad, imputados como partícipes necesarios. Tras este requerimiento, los abogados que representan a los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, acordaron con el planteo de la fiscal, aunque rechazaron el sobreseimiento de Milanesi, al que consideraron prematuro, y presentaron una acusación particular para que sea sometido a juicio junto a los otros ocho.
Al respecto, los abogados Burlando y Améndola consideraron que la eventual responsabilidad de Milanesi en la «coautoría funcional» del crimen debe definirse en un proceso oral. Por otra parte, los abogados entendieron además que se debe seguir investigando la posible intervención del denominado «sospechoso número 11», identificado en el expediente como Tomás Colazzo.
