La Secretaría de Derechos Humanos y la familia de Cecilia Basaldúa, la mochilera de 35 años asesinada en abril del año pasado en la localidad de Capilla del Monte, rechazaron ayer la decisión de la fiscal del caso de cerrar la investigación y enviar a la causa a juicio oral.
«La decisión de la fiscal (Paula Kelm) nos preocupa mucho, porque hay una persona detenida sin pruebas y hay otros sospechosos a los cuales no se ha investigado», señaló el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien en la víspera recibió a los padres de la mujer asesinada.
Para el funcionario, justo cuando tanto el presidente (Alberto Fernández) como la vicepresidenta (Cristina Kirchner) están alertando” que se necesitan cambios en el Poder Judicial para terminar con los femicidios”, hay una fiscal” que vuelve a poner en evidencia a un Poder Judicial que no funciona y que es parte del problema”.
Por su parte, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, padres de Cecilia, a la salida del encuentro con Pietragalla manifestaron que tienen mucha «impotencia y rabia», pero también «mucha más fuerza que nunca”, y agregaron: No nos van a parar hasta que lleguemos a la verdad. Pase lo que pase y caiga quien caiga», enfatizaron.
En tanto, en un comunicado difundido por la Secretaría de Derechos Humanos, se señaló que la causa que investiga el femicidio (…) está repleta de irregularidades”, ya que el joven Lucas Bustos es el único imputado y detenido, pese a que no existe en el expediente ninguna prueba fehaciente de que haya estado en contacto con la víctima».
«La única evidencia que pesa sobre el acusado es una supuesta confesión realizada en una comisaría, cuyos únicos testigos son dos agentes a quienes Bustos denunció por torturas. Luego de ese hecho, y ya en sede judicial, el joven negó haber sido el autor del femicidio», consignó el organismo.
La fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, solicitó que Bustos, un albañil de 23 años, sea juzgado por los delitos de «abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa», que contempla la pena de prisión perpetua.
Cecilia, oriunda de Buenos Aires, había llegado a Capilla del Monte a mediados de marzo del año pasado para escribir un libro con sus experiencias en viajes como mochilera por países de Latinoamérica.
La mujer se había alojado en la vivienda de un hombre que fue el último que la vio con vida y que denunció la desaparición el 5 de abril de 2020 y que, según la familia y la abogada querellante, es el principal sospechoso” pero solo fue citado a declarar como testigo.
De acuerdo a la hipótesis de la instrucción de la fiscalía, en fecha y hora que no se ha podido determinar con exactitud, pero aproximadamente entre el 5 y 15 de abril de 2020, el acusado Bustos se encontró con Cecilia en un campo cercano al río Calabalumba, de Capilla del Monte, y en ese lugar la sometió sexualmente.
Con la intención de quitarle la vida para ocultar del delito precedente y lograr su impunidad, apretó el cuello de Basaldúa hasta que dejó de respirar, fracturándole la rama izquierda del hueso hioides, provocando la asfixia mecánica de la mujer, siendo estas lesiones la causa eficiente de la muerte”, sostuvo la fiscal Kelm.
El cuerpo de Basaldúa fue encontrado el 25 de abril de 2020 en una zona de basural de Capilla del Monte.
