Desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió a 12.766 personas. De ese total, el 78% de los denunciados fueron varones que cohabitaban con sus víctimas, según informó la dependencia judicial.
Asimismo, 5.885 fueron consultas informativas, en tanto que 6.842 correspondieron a atención de casos por parte de los equipos interdisciplinarios y 39 a consultas extra jurisdiccionales.
Otro dato que surge es que el 54% de las personas concurrieron a realizar la denuncia en un contexto de situación límite mientras que 3.933 del total lo hicieron por sentir más miedo que el habitual. Sólo el 5% denunció un primer episodio de violencia.
Según información de la OVD, los equipos interdisciplinarios evaluaron el riesgo de 9.096 personas afectadas, principalmente mujeres (55%) y niños y adolescentes (30%), resultando de altísimo y alto riesgo el 39 %, medio y moderado el 53% y bajo el 8%. En tanto, el vínculo más habitual con el agresor fue el de pareja o expareja, siendo éste presente en un 50% de los casos.
Respecto a los tipos de violencia, la psicológica fue la más presente en las evaluaciones de riesgo, en un 97% de los casos, seguida por la física y simbólica (55%), la ambiental (35%), la económica y patrimonial (28%), la social (13%) y la sexual (10%). Al respecto, el servicio médico de la oficina constató lesiones en 1.630 personas, de las cuales el 84% eran mujeres y niñas, mientras que el 33% tenía antecedentes de lesiones previas.
Las principales medidas de protección ordenadas por la Justicia civil consistieron en la prohibición de acercamiento y la entrega del botón antipánico. Asimismo, se ordenó en muchos casos el cese en los actos de perturbación e intimidación y la prohibición de acercamiento a niños y adolescentes.
«En el período analizado la OVD siguió trabajando en forma presencial y remota para resolver los reclamos de violencia familiar que se presentaron, durante las 24 horas. El trámite de los legajos, en formato exclusivamente digital, aceleró los tiempos de intervención y avance de los procesos y permitió una mejor articulación entre las instituciones intervinientes», dijeron.
