Un estudio sobre la seguridad en Córdoba durante la última década arrojó un resultado contundente aunque sorpresivo, pues desmiente los paradigmas que suelen guiar las políticas públicas en la materia.
Según el informe elaborado por la doctora Valeria Plaza, en los últimos diez años Córdoba aumentó la cantidad de policías en las calles y prácticamente duplicó la población carcelaria, pero no logró controlar la inseguridad. Nuestra provincia se ubica de hecho entre las más inseguras del país con una tasa de 1.712 robos por cada 100.000 personas, un índice 63% superior a la media nacional.
Hay que preguntarse entonces si la propuesta es producir más detenidos o reducir el crecimiento del delito. Si la respuesta es lo segundo, urge cambiar el rumbo”, sostiene el diagnóstico de Plaza, contenido en el informe Seguridad e inseguridad en Córdoba 2010-2020”, que estará disponible a partir de hoy en la página oficial del grupo Cañada, un espacio integrado por docentes e investigadores.
Según los datos del informe, Córdoba tiene 22.000 agentes policiales, uno cada 625 habitantes, con un crecimiento constante que tuvo un pico en 2011, cuando fueron contratados 9.000 nuevos agentes. Ese crecimiento del personal no está acompañado necesariamente de mejoras en las condiciones laborales”, aclara Plaza.
A su vez, la población carcelaria superó las 9.600 personas en febrero 2019: sólo en 2015 había 6.400 presos en el sistema penitenciario provincial, es decir que creció a un ritmo de 1.000 presos por año. Sin embargo, los índices de robos se mantienen estables y ubican a Córdoba en el tercer lugar de los distritos más inseguros de todo el país, después de Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es más, las estadísticas demuestran que los robos aumentan en Córdoba desde hace cuatro años y hoy (con 197.460 hechos delictivos denunciados en 2019) se mantiene en un índice similar al de hace una década. Para reducirlos, Plaza recomienda implementar otras políticas preventivas”. No se puede seguir apelando sólo a la privación de la libertad, ya que esto se presenta por un lado como ineficiente y por otro, resulta muy costoso tanto en términos económicos como en vulneración de derechos”, argumenta la especialista.
