Dos coordinadoras de viajes de Córdoba fueron condenadas el sábado en un juicio abreviado a dos años de prisión condicional por contrabandear productos por una cifra millonaria a través de “tours de compras”. Se trata de Miriam Del Valle Crespín, ama de casa de 58 años, y la coordinadora de viajes María Laura González, de 56, oriunda de La Calera. Además, otro de los imputados era el chofer uruguayo Jorge Giovamnini (67), que no fue condenado, pero deberá donar 100 kilogramos de leche en polvo.
La investigación comenzó a mediados de octubre del año pasado, luego de que el Centro de Reunión de Información Córdoba, de Gendarmería, recibiera el dato de que Crespín y González contrabandeaban mercadería a través de un “tour”, desde la localidad de Orán (Salta) hasta Tucumán. El circuito continuaría hasta su destino final, que era la provincia de Córdoba.
El fiscal federal N°3, Maximiliano Hairabedian, logró establecer los roles y el presunto accionar delictivo. Crespín se habría dedicado a organizar los viajes de compras desde Córdoba hasta Orán y de allí a Bermejo, Bolivia, mediante los pasos Aguas Blancas o Chalanas. Según se supo, habría evadido la Aduana al utilizar a “bagayetos” o “pasaderos” para ingresar al país la mercadería sin declarar. Una vez que la mercadería llegaba a Córdoba, destino era la Galería Norte.
“Las pruebas recabadas por la instrucción revelan que Crespín y González introdujeron ilegítimamente al territorio nacional mercadería valuada en la suma de $ 11.675.973,16, incautada a la primera de las nombradas (Crespín), mientras que la mercadería secuestrada en poder de González tenía un valor de $1.429.656,35”, dijo la jueza Carolina Prado, del Tribunal Oral Federal N°1. En el marco del juicio abreviado, el fiscal Hairabedian estimó apropiada una condena de dos años de prisión condicional por contrabando, monto que finalmente aplicó la jueza.
Cabe mencionar que, antes del juicio, la magistrada había hecho lugar a la reparación integral del perjuicio solicitada por el chofer Giovamnini. El entonces acusado había pedido la extinción de la acción penal por reparación, con la donación de la donación de 100 kilos de leche en polvo a la Asociación Civil Grupo de Trabajo Comunitario, de barrio SEP, de la capital cordobesa.
