En un esfuerzo por dar respuesta al creciente número de personas en situación de calle en Córdoba, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Municipio de la capital han profundizado sus lazos de colaboración. Si bien ambas instituciones cuentan con experiencia previa en la temática, el contexto actual marcado por la situación económica, el desempleo, la violencia urbana, las adicciones y el deterioro de la salud mental exige una articulación más estrecha.
Un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba revela que las principales problemáticas sociales que afectan a los cordobeses son la inseguridad, la falta de empleo, la violencia social y la evidente ruptura de lazos sociales. A esto se suman informes de diversas instituciones y medios que alertan sobre un creciente deterioro social asociado a consumos problemáticos, escasez de oportunidades laborales y desgaste en la salud, con una especial preocupación por el estado de la salud mental post pandemia, factores que en casos graves derivan en la exclusión social y la situación de calle.
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Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto, señaló: “En la Defensoría del Pueblo llevamos varios años relevando personas en situación de calle con la intención de hacerlos visibles socialmente y contribuir a la tarea que se realiza desde el Estado. El primer paso es reconocerlos personas portadoras de derechos, ciudadanos y ciudadanas en situación de vulnerabilidad a las que debe escuchar y ayudar un Estado presente y una sociedad humanizada”.
En este marco de colaboración, la reciente consulta de un grupo de 20 personas que se presentaron en la Defensoría del Pueblo y fueron atendidas por profesionales de Inclusión Social motivó un encuentro entre Galoppo y Raúl La Cava, Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.
Durante la reunión, los equipos técnicos de ambas instituciones analizaron la situación general en la capital cordobesa y se detuvieron en el caso particular de este grupo, quienes manifestaron estar en situación de calle tras haber sido desalojados de la Terminal de Ómnibus. Ante la solicitud de revisión, la secretaría municipal se comprometió a evaluar las necesidades tanto de los casos ya conocidos como de los dos que aún no habían sido identificados por el Estado, avanzando en las gestiones pertinentes.
Según se informó, la mayoría de las personas de este grupo solicitaron asistencia en alojamientos, gestión de documentación personal y atención en salud, dado que gran parte de su alimentación diaria se sostiene gracias a espacios provistos por el Estado. Esta acción conjunta entre la Defensoría del Pueblo y el Municipio de Córdoba busca fortalecer la respuesta integral a las personas en situación de calle, abordando las múltiples problemáticas que los afectan en la capital provincial.
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