En 2015 Córdoba sancionó la Ley provincial de Seguridad Eléctrica (N°10.281), una normativa modelo dentro del territorio nacional, que establece condiciones para la aptitud de las instalaciones en espacios públicos y privados y crea un registro oficial de profesionales habilitados. Como parte de los esfuerzos por garantizar su cumplimiento, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), emitió una resolución que determina mayores sanciones económicas tanto para las prestatarias del servicio eléctrico como para los electricistas habilitados, los usuarios del servicio, y los municipios y comunas que incumplan con la normativa. Además, hace especial hincapié en que estos últimos ajusten sus códigos de edificación, así como las instalaciones de alumbrado público y de edificios oficiales a la norma vigente.
En ese sentido, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), planteó la necesidad de sancionar regulaciones de este tipo en todo el territorio nacional, dado que año a año, los accidentes, incendios y muertes por electrocuciones siguen sosteniendo cifras muy elevadas. Por ejemplo, a partir de estadísticas de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, se determina que el 34% de los incendios que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires fueron a causa de fallas de origen eléctrico.
Es que, el panorama eléctrico en nuestro país no es suficiente para prevenir estos siniestros: aún se encuentran instalaciones inseguras y desarrolladas con productos sin certificación -muchas veces colocadas por electricistas que no están matriculados- que no pasan por procesos de fiscalización adecuados y no cumplen con las condiciones establecidas por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). Incluso, encuestas realizadas por la Asociación para Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE), dan cuenta que el 70% de las instalaciones en viviendas poseen al menos un criterio de seguridad insatisfecho, que puede ocasionar graves accidentes y hasta causar la muerte de sus ocupantes.
Al respecto, Carlos Foligna, de CADIEEL, señaló que “es necesario garantizar un control efectivo de las instalaciones eléctricas nuevas y existentes para prevenir estos accidentes que revisten un riesgo elevado para la población. Son muchas las viviendas que cuentan con fallas de este tipo y sus consecuencias pueden ser terribles. Por ejemplo, la semana pasada falleció una joven en Saladillo (Buenos Aires) por una descarga eléctrica al conectar su secarropas. Estos episodios pueden evitarse a través de la fiscalización”
En esa línea, Foligna destacó que “se debe impulsar la contratación de profesionales matriculados que utilicen materiales certificados, que brinden seguridad en espacios públicos y privados”. “De esta forma, además, se evita la competencia desleal entre fabricantes nacionales, entre instaladores, y con productos importados que vulneran las barreras técnicas y se ofrecen a bajo precio pero el costo de los daños que pueden ocasionar es muy elevado”, agregó.
