El Consejo de la Unión Europea (UE) dio ayer el visto bueno final a la controvertida reforma sobre los derechos de autor en Internet. La directiva afecta a tres grandes áreas: en primer lugar, establece una serie de limitaciones y excepciones a los derechos de autor para fines educativos y de difusión del llamado “patrimonio cultural”; en segundo, lugar plantea una serie de cambios en las prácticas de licenciamiento de contenidos; y, finalmente, introduce el derecho de los productores de contenido a una mayor retribución de los ingresos publicitarios obtenidos con la difusión de las obras.
Italia, Finlandia, Suecia, Luxemburgo, Polonia y Países Bajos votaron en contra del texto, una minoría insuficiente para bloquear la reforma. Para los partidarios de la nueva directiva, ésta les permitirá percibir una retribución más justa de los gigantes de Internet como Google o Facebook por los ingresos publicitarios que obtienen por la difusión de obras de artistas y editores.
Frente a ellos se encuentran quienes temen restricciones en los canales de difusión. Los artículos más controversiales son el 11 y el 13. El primero es conocido como “impuesto por enlace” y autoriza a empresas editoriales y medios a cobrarles a los agregadores o buscadores como Google o Facebook por el contenido que levanten en sus plataformas.
Sólo quedarán exceptuados si reproducen “algunos pequeños extractos o palabras” de los portales. Esta iniciativa contó, principalmente, con el apoyo de diferentes medios de comunicación que ven que de este modo se equilibra la balanza porque podrán cobrarles a las grandes plataformas por la distribución de su contenido.
Por su parte, el artículo 13, conocido como “el anti meme” o “filtros de subida”, establece que todos los sitios y aplicaciones donde los usuarios puedan publicar material audiovisual o música deben hacer todo lo posible para evitar que se suban copias no autorizadas de trabajos que estén alcanzados por los derechos de autor. Se estima que para cumplir con estos lineamientos las plataformas deberían incluir filtros automáticos de contenido. Los críticos de esta directiva dicen que esto limitaría la libertad de expresión.
Los países de la UE tendrán hasta 2021 para incorporar la aprobación de la nueva directiva.
