“Cuando Venezuela sea libre, y Cuba sea libre y Nicaragua sea libre, entonces este va a ser el primer hemisferio libre de toda la historia de la humanidad”, dijo el presidente Trump al ratificar la medida anunciada horas antes por su secretario de Estado, Mike Pompeo, quien informó que desde el 2 de mayo entrará en vigor una norma que permitirá demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionen bienes confiscados tras la revolución, dando fin a una exención de dos décadas.
Poco después, el asesor de seguridad nacional, John Bolton, anunció “cambios regulatorios para restringir los viajes no familiares” a la isla y nuevos límites a las remesas, medida destinada a impactar directamente en la economía cubana: si bien no existen cifras oficiales, se estima que las remesas son la segunda fuente de ingresos de la isla, detrás de la exportación de servicios médicos (según el Havana Consulting Group, el 70% de los cubanos reciben remesas).
El gobierno cubano rechazó inmediatamente los anuncios y dijo que constituyen “un ataque al derecho internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados”, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
Pero el mayor impacto a nivel internacional se sintió en la Unión Europea (UE), principal socio comercial de Cuba desde 2017, que manifestó su disgusto junto a Canadá en una declaración conjunta, donde ambos países prometieron “proteger los intereses” de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Bruselas también advirtió que podría activar represalias contra el país del norte, al punto de confiscar activos en Europa de empresas estadounidenses por valor equivalente a los daños que sufran las empresas europeas en Cuba.
