ROMA.- Con sólo 31 años, la capitana alemana del barco “Sea-Watch 3”, detenida brevemente en Italia por haber desembarcado a la fuerza en la isla de Lampedusa con 40 migrantes rescatados en alta mar, sacudió el escenario político de Europa, cada vez más dividida por la política de orientación xenófoba hacia la migración alentada por el todopoderoso ministro del Interior italiano Matteo Salvini, que en los comicios europeos de mayo emergió como líder indiscutido de la ultraderecha continental.
“Para la justicia italiana, ignorar las leyes y golpear una nave de la Guardia de la Frontera no son motivos suficientes para ir a la cárcel. Ningún problema: para la comandante criminal tengo preparada una orden para expulsarla a su país”, respondió con cólera Salvini cuando conoció el fallo de la jueza de Agrigento, Alessandra Vella, que dictó la liberación de Rackete y desestimó las acusaciones en su contra, deslegitimando la política de “puertos cerrados” del gobierno para las ONGs que rescatan migrantes en el Mediterráneo. “Es una sentencia política y vergonzosa”, enfatizó el también vicepremier del Ejecutivo.
La joven capitana estaba acusada de los delitos de “resistencia y violencia contra nave de guerra” e “intento de naufragio” por haber chocado contra una patrulla de la Guardia Fronteriza italiana durante la operación de atraque en Lampedusa, cuando decidió desafiar la prohibición del gobierno italiano y llevar a los extenuados inmigrantes a tierra. La noticia generó un sisma continental: una colecta online para financiar su defensa reunió en pocas horas más de 200.000 euros, mientras que países como Alemania y Francia reclamaron su liberación. El papa Francisco incluso repudió a los a los países que fabrican y venden armas “y después no quieren hacerse cargo de los refugiados que esos conflictos bélicos generan”.
La jueza Vella no sólo rechazó la detención y los delitos que el Estado le imputaba, sino que avaló la actuación de Rackete al aseverar que “cumplió un deber”, de salvar vidas en el mar, todo un golpe para el discurso de Salvini, que busca criminalizar a los barcos humanitarios que surcan el Mediterráneo en busca de naufragios. Rackete “regresará a su Alemania, donde no serían tan tolerantes con una italiana que atenta contra la vida de policías alemanes”, enfatizó Salvini. Su Ministerio aseguró luego que el prefecto de Agrigento ya dispuso que Rackete sea expulsada de Italia acompañándola a la frontera, una medida que aún debe ser aprobada por las autoridades judiciales.
Por su parte, el portavoz de la ONG Sea-Watch informó ayer que Rackete se encuentra escondida desde que fuera liberada el martes por cuestiones de seguridad: la capitana “está en un lugar secreto debido al gran número de amenazas que recibe”, declaró Ruben Neugebauer, quien ni siquiera quiso decir si había salido del país (aunque el lunes próximo debe regresar a declarar en el tribunal de Agrigento). “No había motivos para su detención, ya que aquí la única irregularidad es hacer cumplir los derechos humanos en el Mediterráneo y asumir la responsabilidad de los Gobiernos europeos en su lugar”, aseveró a su vez la propia organización humanitaria.
Una política continental
ROMA.- La joven capitana detenida en Italia se convirtió en un símbolo de la “criminalización creciente” que enfrentan en Europa quienes defienden los derechos de los migrantes: al menos 158 personas han sido investigadas o procesadas por ofrecer asistencia humanitaria a migrantes en 11 países del viejo continente desde 2015, según un estudio de la plataforma ReSOMA.
El informe indica que la persecución afecta no sólo a miembros de tripulaciones que rescatan a personas en el mar, voluntarios o activistas, sino también a médicos, periodistas, políticos, líderes religiosos y ciudadanos comunes. El estudio recalca que el número de casos “aumentó dramáticamente” en 2018 (con 24 casos que involucraron a 104 personas, el doble que en 2017), a pesar de que la llegada de migrantes disminuyó. Italia es el segundo país con mayor persecución, con 38 personas investigadas, detrás de Grecia.
Un “crimen de guerra” en Libia
TRÍPOLI.- Libia se ha convertido en el infierno en la tierra para los desplazados del mundo que buscan llegar a Europa, como demostró ayer una noticia que estremeció al mundo: un bombardeo brutal contra un campamento de migrantes dejó más de 40 muertos y una ola de indignación global que lo calificó como un “crimen de guerra”. La Alta Representante Exterior de la UE, Federica Mogherini, reclamó “una investigación inmediata” del bombardeo “escandaloso” al centro de detención de migrantes, ocurrido en la noche del martes en Trípoli.
El ataque aéreo alcanzó directamente al centro de Tajura, un suburbio de la capital libia, matando a 44 personas y dejando a otras 130 heridas, según la ONU. Libia está partida en dos: en Trípoli gobierna la Unidad Nacional con apoyo internacional, pero el poder es disputado por las fuerzas del mariscal rebelde Jalifa Haftar, que controla gran parte del este y el sur del país.
