El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves un veto integral a la ley aprobada por el Congreso el mes pasado que pretendía reducir las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado, entre ellos el ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El veto presidencial, que ahora deberá ser analizado nuevamente por el Congreso, fue firmado al término de una ceremonia en defensa de la democracia realizada en el Palacio de Planalto, en conmemoración del asalto a la sede de los Tres Poderes ocurrido el 8 de enero de 2023, hace exactamente tres años.
Durante su intervención en Planalto —uno de los edificios invadidos durante los disturbios—, Lula celebró el “mantenimiento del Estado democrático de derecho” y reivindicó la respuesta institucional frente a la intentona golpista.
“El 8 de enero quedó marcado en nuestra historia como el día de la victoria de nuestra democracia sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad expresada en las urnas”, afirmó el mandatario.
Al finalizar el acto, los asistentes corearon “¡Sin amnistía!” para los condenados por golpismo. Posteriormente, Lula da Silva, acompañado por la primera dama, Rosangela “Janja” da Silva, y por altas autoridades brasileñas, descendió la rampa del palacio presidencial para saludar a cientos de simpatizantes congregados desde la mañana en la Explanada de los Ministerios.
La norma vetada proponía la adopción del concurso formal, un mecanismo que permitiría considerar únicamente la pena del delito más grave, sumando una fracción adicional que podría variar entre un sexto y la mitad del tiempo de la condena.
Asimismo, los delitos cometidos sin violencia ni grave amenaza, y que no fueran considerados crímenes atroces, quedarían sujetos a la regla general de cumplimiento del 16% de la pena, o del 20% en caso de reincidencia, para progresar del régimen cerrado al semiabierto.
En total, más de 800 personas fueron condenadas, entre ejecutores, incitadores y organizadores, tanto por la tentativa de golpe tras las elecciones de 2022 como por el ataque a los Tres Poderes en enero de 2023.
Entre los condenados figuran el ex presidente Bolsonaro y varios altos mandos militares y ex funcionarios, como Almir Garnier, ex comandante de la Marina; Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro de Defensa; Walter Braga Netto, ex ministro de la Casa Civil; y Augusto Heleno, ex jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI).
En contraste con la posición del Gobierno, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente, denunció en su cuenta de X una “persecución política descarada, selectiva e injusta” y prometió trabajar para revertir el veto en el Congreso.
Según un balance divulgado este jueves por la Corte Suprema, de las casi 1.400 personas condenadas por los hechos de enero de 2023, alrededor de 400 recibieron penas superiores a los 10 años de prisión, mientras que poco más de un centenar permanece actualmente encarcelado. El máximo tribunal reveló además que la trama golpista llegó a contemplar el asesinato de Lula, aunque no se concretó por la falta de apoyo de los altos mandos militares.
Salidas por motivos de salud
El ex presidente Jair Bolsonaro cumple su condena desde noviembre en la sede de la Policía Federal en Brasilia, desde donde ha salido en algunas ocasiones por motivos de salud. Permaneció más de una semana hospitalizado tras una cirugía de hernia inguinal y posteriormente fue sometido a estudios médicos luego de golpearse la cabeza durante una caída en prisión, sin que se detectaran lesiones graves.
Bolsonaro arrastra secuelas del ataque con arma blanca sufrido en 2018, que requirió varias cirugías. Inhabilitado para postularse a cargos públicos, el ex mandatario ha negado reiteradamente cualquier intento de golpe de Estado y ha denunciado ser víctima de “persecución política”.
Desde su celda, respaldó recientemente a su hijo Flavio Bolsonaro como posible candidato para las elecciones presidenciales de octubre de 2026, en las que podría enfrentarse a Lula da Silva, quien no ha ocultado su intención de aspirar a un cuarto mandato.
