LIMA.- El presidente peruano, Martín Vizcarra, logró surfear las primeras horas de la fuerte crisis institucional desatada en Perú tras la disolución del Congreso (ver HDC de la víspera), que había sido respondida por la oposición fujimorista con el inicio de un proceso de destitución del jefe de Estado y la designación como “presidenta interina” de la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
El país vecino amaneció ayer con una situación institucional insólita: dos presidentes designados de manera formal, ya que por la madrugada había jurado como jefa de Estado la economista Aráoz frente al Parlamento opositor disuelto horas antes por Vizcarra. El cuerpo legislativo no sólo desconoció la medida del mandatario al calificarla de “ilegal”, sino que aprobó la decisión de suspender “temporalmente” al presidente Vizcarra por “incapacidad moral”, después de que el mandatario disolviera el Parlamento por no admitir una “moción de confianza” solicitada por él. “La grave crisis institucional que vive nuestro país ha terminado esta tarde con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra. Estoy asumiendo temporalmente la Presidencia de la República”, declaró Aráoz, quien había sido vicepresidenta desde 2016.
Sin embargo, bastaron pocas horas para confirmar que la designación de Aráoz tiene nulos efectos institucionales: tanto la cúpula militar como la clase política y la propia ciudadanía salieron a respaldar a Vizcarra, desconociendo la jugada legislativa. El desconcierto por el choque de poderes no se tradujo tampoco en una situación de caos, ya que todas las actividades se desarrollaron normalmente: hasta la Bolsa de Lima y el dólar se mantuvieron estables, todo un signo de la estabilidad de Vizcarra.
“En Perú no hay dilema de dos presidentes, hay un presidente que ejerce de hecho y derecho sus funciones, y ese es Martín Vizcarra”, resumió el jurista Diego García-Sayán, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex canciller peruano. A través de la Conferencia Episcopal, la iglesia católica también llamó al diálogo y la calma, así como a “actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático”. Aráoz sólo recibió el respaldo de la cúpula empresarial aglutinada en la Confiep, dirigida por una dirigente ligada al fujimorismo, que acusó a Vizcarra de perpetrar una “violación de la Constitución y al sistema democrático”. Ningún país reconoció tampoco su designación, que en la práctica resulta nula: no tiene atribuciones ni medios para gobernar.
Por último, las calles ratificaron con contundencia el apoyo popular a Vizcarra: el mismo lunes a la noche, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a la medida adoptada por el jefe de Estado. Pero nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según los sondeos.
Sin embargo, hasta los nuevos comicios legislativos convocados por el mandatario para el 26 de enero de 2020 –respaldando el plazo que establece la Constitución- la Comisión Permanente del Congreso seguirá funcionando con una abrumadora mayoría fujimorista. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley.
El respaldo decisivo de la población
LIMA.- Perú amaneció sumergido en una crisis política sin precedentes, en un estado de absoluta incertidumbre por la coexistencia formal de dos presidentes, el oficial Martín Vizcarra y la “interina”, Mercedes Aráoz.
Sin embargo, una certeza comenzó a inclinar la balanza institucional a favor del primero: el respaldo que la gran mayoría de la población peruana expresó espontáneamente en las calles después de que el jefe de Estado anunciara la disolución del Congreso, un organismo cuyos representantes son despreciados por la ciudadanía.
Ninguna de las partes reconoce a la otra, y todo parece indicar que la crisis terminará en las manos del Tribunal Constitucional, como pidió la propia Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que instó al máximo tribunal que se pronuncie sobre la “la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”.
