SANTIAGO DE CHILE.- El presidente Sebastián Piñera salió a descartar ayer la posibilidad de renunciar luego de otra jornada de furia en Chile por el llamado “Súper Lunes”, que incluyó masivas movilizaciones en la capital y diferentes ciudades del país, que nuevamente fueron reprimidas con dureza por los Carabineros.
Tras días de silencio, el mandatario concedió una entrevista a la BBC de Londres en la que afirmó que no dimitirá pese a las masivas protestas antigubernamentales marcadas por la violencia en los últimos días, con enfrentamientos que en la noche del lunes derivaron en un escenario de caos en Santiago pese a que la masiva movilización central era pacífica y estaba integrada por estudiantes, trabajadores, jubilados y hasta familias.
“Por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos”, aseveró el jefe de Estado, que por primera vez admitió la posibilidad de reformar la Constitución, uno de los principales reclamos. “Estamos dispuestos a conversarlo”, dijo, aunque supeditó la iniciativa al regreso de la calma en las calles.
Después de restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social, no termina el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma de la Constitución”, precisó Piñera, que sin embargo recalcó que “hay que ponerse de acuerdo en los cambios que se quieren introducir” y que la instancia para hacerlo “es el Congreso”.
El Presidente reivindicó sutilmente el accionar de Carabineros y las Fuerzas Armadas, aunque prometió justicia por los derechos humanos “que se hayan vulnerado”. “Si eso sucedió, puedo garantizar que será investigado y procesado por nuestro sistema tradicional. No habrá impunidad. Ni con las personas que prendieron fuego a los supermercados y a la mayoría de nuestras estaciones de metro, ni con aquellas que eventualmente cometieron un exceso de uso de la fuerza”, puntualizó.
La aclaración no es baladí, ya que el lunes se repitió la dura represión de las protestas en el país, pese a que la multitudinaria movilización central se venía realizando en paz en Santiago. La policía argumentó que hubo ataques con bombas molotov que dejaron dos oficiales mujeres heridas como justificativo de la embestida a la movilización concentrada en la Plaza Italia, aunque por las redes sociales circulaban desde temprano imágenes de la violencia policial que anticipaban el crudo desenlace: por ejemplo, se llegó a ver a patrullas atropellando a civiles. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, precisó que ya contabilizan 9.000 detenidos en todo el país, 500 con prisión preventiva.
Ayer, la situación se repetía: desde las redes sociales habían convocado a una “Marcha de los paraguas negros” para la tarde también en la Plaza Italia, que intentaba ser despejada por los Carabineros con el uso de carros hidrantes y gases lacrimógenos. A su vez, Amnistía Internacional denunció “el ingreso de Carabineros al Liceo 7, quienes habrían disparado y herido a estudiantes”. “Las imágenes difundidas son alarmantes y serían una muestra más de la violencia policial que diferentes organismos hemos denunciado”, aseveró el organismo internacional. Por fin, en una de las laderas del cerro San Cristóbal se había de-satado un incendio de proporciones, que era combatido por los bomberos.
Querella por delitos de “lesa humanidad”
SANTIAGO DE CHILE.- Organizaciones y abogados de derechos humanos presentaron ayer una querella por delitos de “lesa humanidad” contra el presidente Sebastián Piñera ante el 7° Juzgado de Garantías de Santiago. La acción pide investigar la “participación criminal” del mandatario en las “graves violaciones a los derechos humanos” acontecidas en la represión de las protestas sociales.
Dicha responsabilidad “está enmarcada en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ha salido a las calles durante estas dos últimas semanas, exigiendo cambios estructurales en las políticas neoliberales (…). Dichas violaciones a los derechos humanos han sido constatadas por diversos organismos nacionales e internacionales, abogadas y abogados quienes han denunciado la enorme cantidad de delitos en contra de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y en general en contra de toda la población que ha ejercido su legítimo derecho a manifestarse”, indican en la presentación.